*Aunque perdieron, hicieron suyos los argumentos de las generadoras de energía.
De la redacción
(Primera parte)
Seis ministros y una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procedieron como abogados de las empresas privadas nacionales y extranjeras generadoras de energía eléctrica, al discutir la controversia constitucional promovida por senadores de la oposición contra la Ley de la Industria Eléctrica.
Destacaron especialmente en la defensa de los intereses de las compañías privadas del sector eléctrico los ministros Luis María Aguilar Morales, ex presidente de la SCJN; y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Los siete, especialmente los dos mencionados, fueron quienes con mayor enjundia hicieron suyos los argumentos de las generadoras de energía eléctrica, y aun cuando perdieron la votación y no se declaró inconstitucional la legislación impugnada por miembros del Senado de la República, su posición contraria al interés del país fue hasta grosera, de acuerdo con una análisis de “El Espectador” al debate de este trascedente asunto.
Consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica atenta contra la libre competencia y privilegia las energías sucias. No cambiaron de opinión ni cuando la ponente del proyecto de desechar la pretensión de invalidar la norma, Loretta Ortiz, les explicó que 55 por ciento de las energías limpias del país las produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y abundó la ponente: “si no aporta más energías limpias es porque no se le permite poner en funcionamiento todas las plantas hidroeléctricas”, las cuales -ahora se sabe y es de dominio público- generan electricidad más limpia y más baratas que la solar o la eólica, por ello es falso que la empresa pública produzca y distribuya energías sucias.
Los ministros que estaban por declarar inconstitucional la Ley mencionada no rectificaron su posición sobre la libre competencia ni cuando la ministra Yasmín Esquivel les recordó que la Ley de la Industria Eléctrica no excluye a las empresas privadas de la generación y venta de energía eléctrica.
Les dijo que seguirán participando, pero sin saquear las finanzas de la CFE; además, en realidad los artículos reformados eran los que no permitían la libre competencia, porque otorgaban privilegios a las empresas privadas y dejaban en desventaja a la empresa productiva del Estado.
En este escenario, la propia reforma constitucional en materia eléctrica garantiza la participación privada y la libre competencia, porque deja a particulares atender al 46 por ciento del mercado de energía eléctrica, que en números absolutos representa una población como la conjunta de Chile y Argentina.
Por el lado de quienes votaron en contra de declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica estuvieron muy brillantes el ministro presidente, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, además de Loretta Ortiz, autora del proyecto aprobado.
El primero destrozó los argumentos empresariales defendidos por los 6 ministros y una ministra sobre la libre competencia, las energías limpias, las tarifas, las subastas, la retroactividad de la ley, la revisión y revocación de contratos, los productores independientes y la generación de energía del sistema de autoabasto.
Aun así, el grupo de ministros defensores del gran capital que genera, estuvo a un voto de lograr su objetivo de declarar inconstitucional la ley. Para ello necesitaban 8 votos y reunieron 7, pero lo más preocupante fueron sus posiciones antipopulares y contrarias al interés y bienestar de los mexicanos.
