IMPUNE LA CORRUPCIÓN EN EL
EDOMÉX; NO DEBE TOLERARSE
ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y CASTIGAR A LOS
CORRUPTOS, OTRA URGENTE TAREA DE DELFINA
La corrupción en las instituciones mexiquenses data de mucho tiempo. Es difícil ubicar su nacimiento, pero su difusión en los medios informativos de circulación nacional y su identificación con la clase política priista del Estado de México ocurrió en el sexenio de Carlos Hank González.
No se trató de denuncias con afanes justicieros, sino de una estrategia para desalentar al político oriundo de Santiago Tianguistenco en su lucha porque se suprimiera de la Constitución el impedimento para que un hijo de extranjero o extranjera pudiera ocupar la presidencia de la República.
Hank González, como todos lo saben y lo denota su primer apellido, era hijo de padre alemán, y pensaba desde la segunda mitad de la década de los sesenta del siglo pasado en la candidatura presidencial, para lo cual era necesario reformar el artículo 82 de la Constitución del país.
No obstante, al interior del PRI tenía poderosos adversarios, quienes no lo querían y, menos, como candidato a la presidencia de la República, que en esos tiempos equivalía a ganar el cargo, y comenzaron a hablar de la corrupción desenfrenada en el Estado de México, promovida por el político ya desde entonces multimillonario.
El fenómeno no era un invento. Existió antes, durante y después de la gestión gubernamental de Hank González, y como en todo el país, no se castigó, ni se castiga, a pesar de los efectos erosionadores de las condiciones de vida de la población que ocasiona.
No obstante, el mayor problema con la corrupción en el Estado de México es que ni siquiera se detecta oficialmente y por ello goza de impunidad, lo cual no cambió con la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México, como lo prueban sus propios datos difundidos en los últimos días, ni con el arribo de la mayoría morenista al congreso local, en especial en la anterior legislatura cuando fue absoluta.
No hay interés en evitar y castigar la corrupción y a los servidores públicos corruptos y, mucho menos, a los empresarios igualmente corruptos y corruptores, que con la complicidad que paga a los primeros saquean el erario y dañan el interés público, como lo prueba la falta de acciones penales contra los saqueadores.
Ha sido muy grave el comportamiento de la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México, quienes no se tomaron la molestia de acudir hace unos días a una sesión del órgano al cual pertenecen y que cuesta a los contribuyentes.
Como se informa en la nota principal de portada de este número de “El Espectador”, a la última sesión del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México sólo asistieron 3 de los 7 integrantes; es decir, la mayoría absoluta no se tomó la molestia de cumplir con sus obligaciones.
Se reunieron apenas una minoría, reflejo claro de que no les interesa erradicar, ni siquiera disminuir los altos índices del fenómeno corruptor, y mucho menos castigar a quienes se corrompen, quienes disfrutan de absoluta impunidad. Resolver este problema es otra pesada tarea de la próxima gobernadora.
