*Hoy la SCJN seleccionará a dos ternas para magistrada(o) en el caso NAEM.
De la redacción
Dos miembros del cuerpo de magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) en Toluca, buscan ocupar las vacantes que dejarán en la Sala Superior de la institución los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González.
Se trata de la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y Juan Carlos Silva Adaya, envueltos en el escándalo por haberle devuelto el registro al partido Nueva Alianza del Estado de México (NAEM), a pesar de haber obtenido en la elección de gobernadora 87 mil 566 votos directos y 125 mil con todos los votos divididos con los otros partidos de la alianza “Va por el Estado de México”.
Esos sufragios representaron sólo el 2.0 por ciento de la votación total válida, cuando necesitaba el 3.0 por ciento; es decir, quedó a más de 60 mil votos de la votación mínima legal requerida para conservar el registro.
A pesar de esta actuación e interpretación torcida de la legislación electoral, como lo denunciaron diputados locales, Fernández Domínguez y Silva Adaya quedaron en la relación de 12 aspirantes a magistrados de la Sala Superior del TEPJF. En caso de integrar las ternas, se cree casi imposible que senadores de Morena voten por ellos.
Vargas Valdez e Infante González terminarán su período el 30 de octubre próximo, por lo que quienes sean electos por las dos terceras partes de los senadores, comenzarán su gestión el primero de noviembre.
La importancia de las magistraturas de la Sala Superior es que lo que aprueban, por mayoría o unanimidad, es la última palabra, porque no hay una instancia superior que revise sus resoluciones. Y atenderán y desahogarán los recursos que interpongan los partidos contra presuntas ilegalidades en los procesos electorales del próximo año, incluyendo el para elegir presidente de la República.
ESCÁNDALO Y DERROCAMIENTO DE VARGAS
José Luís Vargas Valdez fue presidente del TEPJF hasta agosto del 2021, cuando fue desconocido por sus pares, por actos de corrupción, y en su lugar quedó Reyes Rodríguez Mondragón, un panista de extrema derecha, a quien legisladores locales mexiquenses atribuyen ser autor de la consigna de devolverle el registro a NAEM.
El magistrado derrocado dejó la presidencia del TEPJF, pero mantuvo su cargo otorgado por el Senado de la República, y terminará su gestión.
La denuncia pública que generó las condiciones para su alejamiento de la presidencia de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF consistió en que entre 2013 y el 2020 declaró ingresos por 16.7 millones de pesos y gastos por casi 37 millones; es decir, una diferencia de cerca de 20 millones de pesos, que se sospechó provinieron de actos de corrupción. No obstante, todo quedó en la pura pérdida de su posición de cabeza del Tribunal, porque no se ejercitó acción penal.
