*La vigente fue expedida por CSG, cuando se consolidaba el neoliberalismo.
De la redacción
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres Guadarrama, advirtió a las grandes empresas explotadoras de agua potable que les cortará el suministro si no pagan sus derechos.
Deben 31 millones de pesos y no han querido cubrir adeudos, pero lo más grave es que eso refleja el comportamiento de compañías refresqueras, cerveceras y comercializadoras de agua embotellada para hacer frente a sus obligaciones para con las autoridades, a pesar de obtener enormes ganancias, según un análisis y seguimiento de “El Espectador”.
El agua como mercancía y fines de lucro, a costa de la satisfacción de las necesidades de un alto porcentaje de la población y del derecho constitucional de los mexicanos al agua en volúmenes suficientes y de buena calidad.
La sobreexplotación del recurso hídrico ocurre en un tiempo de escasez del vital líquido, y la falta de voluntad política del Senado de la República para expedir la Ley General de Aguas, cuya iniciativa está congelada desde hace 12 años.
Y es que la nueva legislación secundaria debería ya haber sustituido a la Ley de Aguas Nacionales expedida por el residente Carlos Salinas de Gortari en 1992, en la cual se privilegiaron los intereses de los grandes concesionarios y se autorizó concesionar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.
Esa norma es reglamentaria del artículo 127 constitucional, pero en su contenido, orientación y alcance es clara expresión del régimen neoliberal implantado por Miguel de la Madrid, profundizado por Salinas y seguido por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
No obstante, en el gobierno saliente la Cámara Alta del Congreso de la Unión, de mayoría morenista, no pudo o no quiso abrogar la legislación aprobada e impulsada, impuesta, más bien, por Salinas de Gortari.
Mientras tanto, el derecho constitucional de los mexicanos al acceso al agua, establecido en el artículo cuarto constitucional sigue como letra muerta, a la espera de que la próxima Legislatura Federal expida la nueva Ley de Aguas Nacionales.
Durante estos 32 años, desde la entrada en vigencia de la legislación vigente en la materia, la Comisión Nacional del Agua ha expedido miles de concesiones a usuarios ajenos por completo a la población y sus necesidades de agua potable para uso personal, familiar y colectivo.
En cambio, ha beneficiado a los grandes intereses empresariales, algunos totalmente alejados al objeto social de sus compañías. En esto han llegado al colmo de entregarle concesiones a los bancos, como son los casos de BBVA y Banco Azteca.
En la nueva Legislatura Federal, Morena tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi los números suficientes para reformar la Constitución, por ello ya no habría explicación a la continuidad del congelamiento de la Ley de Aguas Nacionales y derogación de la expedida por Carlos Salinas de Gortari.
