COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
INEXPLICABLE DESINTERÉS POR CASTIGAR LOS
DESPOJOS DE VIVIENDAS; ESO FOMENTA DELITOS
El Estado de México concentra un alto porcentaje de los delitos de despojo de viviendas en el país. Y no se trata de las efectuadas en los gobiernos neoliberales contra asalariados endeudados con el INFONAVIT, sino de los perpetrados por la delincuencia organizada y aun por delincuentes ajenos a las bandas criminales.
Dicho delito ha crecido en los últimos años por la impunidad con que actúan los criminales. En la propia capital del Estado se comete y crece este delito, según lo reveló hace meses un integrante del cabildo de Toluca, y lo publicó en primera plana “El Espectador”, lo cual se desconocía.
La situación adquirió nivel de escándalo nacional e internacional hace unas semanas por la muerte de dos presuntos invasores de casas en el municipio de Chalco, asesinados por una anciana de nombre “Carlota”, víctima de este delito, pero desde hace tiempo ocurre.
Corre por cuenta de bandas delictivas bien organizadas, violentas y armadas, como se probó durante el velorio de los dos supuestos invasores de vivienda, asesinados por la mujer de la tercera edad con una pistola semiautomática, de cuyo manejo mostró habilidades, según el video que registró la acción violenta.
Hombres armados dispararon sus armas de fuego como homenaje los dos presuntos integrantes del grupo criminal de despojadores de casas tanto los municipios del Valle de México como en el del Valle de Toluca. Y es cierto que muchas víctimas no denuncian por estar amenazadas de muerte, pero otras se han atrevido a presentarse ante las autoridades a exigir justicia, que hasta ahora no se les da.
Puede criticarse la ineficacia de las autoridades de seguridad pública para encontrar y aprehender a quienes cometen delitos de secuestro, homicidio, extorsión o tráfico de drogas, pero tiene en parte explicación, porque se trata de individuos o grupos que se mueven por el territorio estatal.
No hay explicación y mucho menos justificación a la impunidad de que gozan los que despojan de sus viviendas a sus propietarios, porque en estos casos los delincuentes ocupan los inmuebles y podrían fácilmente ser ubicados y capturados, pero no se hace.
Es bien sabido que la impunidad de los criminales fomenta sus actividades, y en los cientos o miles de casos de despojos de viviendas la falta de castigo es casi total, sin contar con el despojo de bienes inmuebles en los que participan jueces, notarios y funcionarios públicos, en lo que debe considerarse delito de delincuencia organizada de “cuello blanco”.
En lo ocurrido en Chalco hay otro dato revelador de la protección que reciben los delincuentes que despojan de sus viviendas a quienes las adquirieron con grandes sacrificio y pago de hipotecas en muchos años: la Policía Municipal negó que se den despojos en la demarcación, cuando las denuncias penales son numerosas.
La situación no puede mantenerse. Al menos en los casos en que hay denuncias penales, los jueces deben expedir órdenes de cateo y aprehensión y la policía persecutora del delito debe ejecutarlas de inmediato, con la liberación de las viviendas y la captura y encarcelamiento de los delincuentes. No hay razón para que no lo hagan. Las víctimas no pueden, ni deben hacerse justicia por mano propia.
