RABIOSA CAMPAÑA CONTRA ELECCIÓN JUDICIAL,
POR QUIENES TENÍAN LA SCJN A SU SERVICIO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
No se exagera si se afirma que de los casi 100 millones de mexicanas y mexicanos integrantes de la lista nominal de electores, ninguna, ni ninguno, perteneciente a los sectores de bajos ingresos, ha sido recibido por una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para plantearle algún problema.
Eso prueba que como cúpula del Poder Judicial Federal, no está al servicio de todos, sino de un reducido número de dueños de los grandes corporativos empresariales, quienes cuentan con la Corte para incumplir la ley, y de ello el ejemplo más claro es el largo tiempo que lleva un litigio de Ricardo Salinas Pliego contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por un adeudo fiscal, que con intereses moratorios, multas y otros conceptos, supera los 65 mil millones de pesos.
Un año antes de terminar su período Luis María Aguilar Morales, ministro que fue presidente de ese máxima tribunal constitucional del país, contra la norma legal, aceptó un recurso de revisión a un amparo perdido en segunda instancia por Salinas Pliego. Su Sala radicó el expediente y él se apresuró a solicitar que le fuera turnado el caso. Así lo hicieron. Quiso quedar bien con el propietario de una cadena de medios informativos; por cierto, concesionado por el Estado, al que ataca.
Tenía 15 días para resolver, pero escondió la documentación durante 10 meses para proteger ilegalmente al dueño de Televisión Azteca, un conocido evasor fiscal y que acumuló una fortuna descomunal vendiéndole caros productos electrodomésticos, que convirtió su cadena televisiva en instrumento para el ataque al gobierno.
El interés del ahora ex ministro por beneficiar ilegalmente a Salinas Pliego se evidenció al no declarar improcedente el recurso y conservar el expediente más de 9 meses, demorando la solución en la instancia que le corresponde examinarlo. Fue obligado a devolverlo por sus compañeros y a declarar que la SCJN no tenía facultades para desahogar ese medio de impugnación.
Titulares de juzgados de distrito y de tribunales de circuito secundan el comportamiento de la mayoría de los integrantes de la SCJN cuando se trata de los intereses de los dueños del dinero, lo cual explica que desde que se anunció la reforma constitucional para instituir el método de elecciones en el Poder Judicial, incluyendo a la Corte, sus grandes medios informativos y los periodistas a su servicio emprendieran una rabiosa campaña contra las elecciones.
Perdido su control sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la ultraderecha empresarial intentó e intenta mantener su dominio en el Poder Judicial Federal, por lo que sin posibilidades lograr la derogación o cambios a la reforma constitución en esta materia, busca descalificar el proceso y su resultado al difundir que con la elección de juzgadores terminará la división de poderes y pondrá fin a la democracia.
De la misma forma, los medios opositores (casi todos) insisten en que el Poder Judicial quedará sometido al Ejecutivo. Olvidan que el voto popular es el cimiento de los sistemas democráticos, no al revés y que al ser electos por el pueblo, los y las titulares de juzgados y de tribunales y miembros de la Corte tendrán mayor independencia, no menor. Quienes perderán serán los grandes intereses corporativos empresariales, que controlaban la SCJN.
