EL TOLERADO DESPOJO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE EN EDOMÉX
EL PROBLEMA SE RECRUDECIÓ EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS, POR LA PARTICIPACIÓN DE CRIMINALES
Cuando se habla de despojo de viviendas en suelo mexiquense es necesario aclarar que no incluye a las que fueron abandonadas por trabajadores “beneficiados” con impagables créditos del INFONAVIT, por ubicarse lejos de sus centros laborales o por no contar con todos los servicios básicos. Muchas de estas casas también están ocupadas ilegalmente, pero ese es otro fenómeno, que atiende ya dicho organismo.
El problema que ahora ocupa a todos los medios informativos, y que apenas comienzan a combatir las autoridades, es de otro tipo: se trata del despojo violento de los inmuebles por parte de la delincuencia organizada, y que a la fecha acumula más de 32 mil casas, terrenos, bodegas y naves industriales.
Estos bienes fueron arrebatados a sus dueños mediante la violencia, para después con la red criminal de jueces, notarios, funcionarios municipales, cuerpos policiacos municipales y estatales y corredores inmobiliarios, obtener ilegalmente documentos para acreditar la propiedad de los invasores.
Los inmuebles, una vez obtenida ilegalmente la documentación para falsamente acreditar la legal posesión y propiedad, son vendidos o rentados en operaciones fraudulentas, en perjuicio de los verdaderos propietarios, con beneficio de decenas de millones de pesos al año para los criminales.
Hace tiempo un notario que operaba en suelo mexiquense, sospechoso de participar en la legalización de inmuebles invadidos, fue ejecutado en otra entidad federativa. El móvil fue extraoficialmente atribuido a problemas generados por su condición de fedatario.
Lo sorprendente fue que uno de los dos asesinos materiales era miembro activo de un cuerpo de seguridad pública del Estado de México, y ello fortaleció la creencia de que segmentos gubernamentales mexiquense participan en el entramado que protege y se beneficia de esta lucrativa actividad criminal.
El delito de despojo no es nuevo en la entidad mexiquense, pero antes lo cometían personas sin ingresos suficientes para adquirir una vivienda en el mercado formal inmobiliario, y aunque invadían casas, pronto eran desalojadas, por denuncias de las familias afectadas.
Sin embargo, el problema se agudizó en los últimos años, con la diversificación de actividades delictivas por parte de grupos criminales organizados, favorecidos por la inacción o complicidad de las autoridades estatales. Y también en forma inexplicable, los despojos de casas no recibían difusión de los grandes medios informativos.
Apenas hasta ahora, obligada por el escándalo mediático que generó la ejecución de dos invasores, por parte de una mujer de la tercera edad propietaria del inmueble ocupado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) decidió combatir el delito de ocupación ilegal de inmuebles.
La Fiscalía creó una unidad especializada en el combate al despojo de viviendas, pero sus resultados son mínimos, comparados con la dimensión de la problemática. En un mes y una semana liberó solamente a 268 inmuebles. Hay confianza que las acciones contra los delincuentes organizados inhiba la comisión del delito y la desocupación de las viviendas, ante el riesgo de terminar en la cárcel, como ya ocurrió con 21 personas, pero de todos modos durante diez años las autoridades no atendieron el problema, porque miraban para otro lado.
