*Operativamente no es difícil capturar a dirigentes sindicales invasores.
De la redacción
El daño económico ocasionado por invasores a los propietarios de viviendas en el Estado de México supera los 32 mil millones de pesos, más los perjuicios morales y psicológicos ocasionados, que no pueden calcularse en pesos y centavos, destacó Luis Ernesto Salmerón Hernández, especialista en temas inmobiliarios.
“Los inmuebles invadidos tienen valor de entre 900 mil y hasta 5 millones de pesos, y la media es de un millón de pesos. La mayoría es vivienda de interés social”, explicó el entrevistado.
Recordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual participan las entidades federativas, dio a conocer que más de 32 mil inmuebles fueron arrebatados a sus dueños, e incluyen terrenos, bodegas, naves industriales y hasta pequeños hoteles, desde donde operan los criminales.
Ese.es el universo de los inmuebles invadidos, de los cuales la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó haber recuperado apenas menos de 300, aunque formó una Unidad especializada en el combate a este delito.
Salmerón Hernández coincide con las autoridades en que los despojos de vivienda se dan con protección de segmentos gubernamentales, “desde funcionarios municipales y estatales, jueces, notarios, y cuerpos policiacos”.
De acuerdo con las autoridades, en el Estado de México Ecatepec concentra 10 por ciento de los despojos de vivienda, y en ese municipios tienen sus domicilios sociales los grupos criminales, aunque se disfrazan de sindicatos.
Ahora son investigados, pero, explicó el especialista en temas inmobiliarios, “debe intervenir la Procuraduría General de la República (FGR), pues estas actividades las llevan a cabo grupos de la delincuencia organizada que, en los últimos 10 años, ampliaron sus actividades al despojo de viviendas, a partir de una intricada red criminal que incluye a corredores inmobiliarios y autoridades, porque un importante porcentaje de las viviendas ocupadas ilegalmente fueron escriturados con información falsa. Incluso los criminales les ponen a renta, lo que les procura millones de pesos mensuales, que utilizan para financiar sus otras actividades”, abundó.
Salmerón Hernández sostuvo que combatir y erradicar los despojos de viviendas no sería extremadamente difícil, pero requiere voluntad política. “Los invasores pertenecen a organizaciones supuestamente sociales, cuyos líderes son reconocidos por las autoridades municipales, y pueden ser fácilmente capturados”, advirtió.
Recordó que también es fácil seguir la ruta de los jueces, notarios, funcionarios municipales y estatales que integran la red delictiva, porque “la documentación con la cual los invasores acreditan la posesión legal de las viviendas lleva las firmas de los jueces, notarios y funcionarios”.
Además, apuntó, mientras no venden, ni alquilan las viviendas, estas son ocupadas por miembros de los grupos criminales, que pueden y deben ser detenidos, para que sean castigados, pero también para que aporten información sobre los dirigentes que los mandan a perpetrar los despojos.
Recordó que este delito se comete en suelo mexiquense desde hace décadas, pero sus autores eran personas sin casa, no pertenecían a organizaciones delictivas que tienen logística y protección de autoridades, como ocurre ahora.
