*El congreso mexiquense reformó al Código Penal para proteger a los ciudadanos contra este ilícito.
De la redacción
Los despojadores de inmuebles, notarios y funcionarios públicos que los ayuden en sus actividades delictivas serán castigados con hasta 25 años y 6 meses de cárcel, de acuerdo con la reforma al Código Penal del Estado de México, aprobada por unanimidad por el Congreso mexiquense.
El delito ha sido tipificado como grave y se aplicará esa sanción de cárcel cuando el despojo se perpetre con violencia, contra personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, menores de 18 años y contra integrantes de los pueblos originarios del Estado de México.
Los notarios y abogados que trabajan en notarías, y funcionarios municipales y estatales que ayuden al traslado de dominio en favor de los invasores de inmuebles, les legalicen las propiedades producto de despojo, y a los servidores públicos que inscriban ilegalmente los inmuebles que les quitan a sus propietarios, todos ellos serán sujetos de responsabilidad penal.
En el Estado de México creció en forma exponencial el delito de despojo de viviendas, y en los últimos 10 años estos delitos sumaron más de 32 mil, incluyendo viviendas, bodegas, locales comerciales, terrenos urbanos y rústicos, lo cual sólo pudo cometerse con apoyo de autoridades, y apenas hasta abril de este año comenzó a perseguirse el delito, con la participación inclusive de fuerzas federales.
De acuerdo con lo que se dijo en la sesión legislativa, se dará seguridad a la propiedad inmueble y el delito de despojo con agravantes se castigará hasta con más de un cuarto de siglo de siglo de cautiverio, lo cual no estaba previsto en la legislación punitiva mexiquense, la entidad más afectada por este fenómeno delictivo.
Al menos diez organizaciones criminales, disfrazadas de sindicatos u agrupaciones sociales se dedican al despojo de viviendas, inclusive con el uso de armas y grupos de criminales bien entrenados. La dimensión del problema no se conocía hasta que el primero de abril una mujer de 74 años de edad, víctima del delito ejecutó a dos de quienes se habían apoderado de su casa, en el municipio de Chalco.
El caso, por la edad de la dueña de la vivienda y el resultado de la aplicación por mano propia generó un escándalo estatal, nacional y traspasó las fronteras, lo que sacó a flote este problema, que no podía explicarse más que la protección de segmentos gubernamentales a las organizaciones criminales.
