*Darán a cámaras del Congreso federal de facultades para legislar sobre el tema.
De la redacción
El delito de extorsión, el único de los de alto impacto que lejos de disminuir crece, será combatido de oficio. Las autoridades del sistema de justicia no esperarán a que las víctimas presenten denuncia penal para investigar.
Para ello el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional, como primer paso de la estrategia de combate a la extorsión, para dotar a las cámaras del Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de este delito, extendido en todo el país.
Después, la extorsión será un delito catalogado entre los que son perseguidos de oficio, para lo cual las autoridades estatales, vía congresos locales, quedarán obligadas a hacer reformas a las leyes aplicables, para ponerlas acorde con las disposiciones constitucionales sobre el tema.
La persecución de oficio de este ilícito tiene como finalidad dar seguridad a las víctimas de extorsión, quienes una vez que entre en vigor la reforma podrán denunciar los agravios en forma anónima.
El delito de alto impacto crece, pero también aumenta la no denuncia, reconoció la propia presidenta Claudia Sheinbaum. No se animan a poner del conocimiento de las autoridades lo que ocurre, por temor a represalias de los criminales.
Aunque la extorsión la perpetran grupos delictivos e individuos especializados en el delito, cuando involucran altos montos, también corren por cuenta de células de la delincuencia organizada.
Esta es una vertiente o modalidad de sus actividades criminales, que provee a esos grupos de dinero para financiar el resto de sus acciones ilícitas, y el problema para las víctimas se agrava porque los delincuentes actúan con impunidad por falta de denuncias penales.
Como delito del fuero común (lo seguirá siendo), la estrategia para erradicarla se ejecutará con la participación de fuerzas de seguridad federal, pero en apoyo de las locales.
La lucha contra la extorsión incluye un teléfono especial para recibir denuncias anónimas de parte de las víctimas. Personal capacitado atenderá las llamadas para que cuerpos de seguridad especializados en secuestro procedan de inmediato a investigar los casos.
Sheinbaum Pardo estimó que este mismo año entrarán en vigor la reforma constitucional y a leyes secundarias punitivas de las 32 entidades federativas, que asumirán un papel de primera importancia en el combate y reducción de esta conducta ilícita.
