*La oposición ha querido hacer de este caso un tema político, dejando de lado el proceso judicial.
De la redacción
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el gabinete de seguridad nacional, rechazaron que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea víctima de persecución política, y mucho menos que su encarcelamiento busque desviar la atención del escándalo generado por la difusión de llamadas telefónica de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, relacionadas con problemas con Estados Unidos. La propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso esta situación.
Explicaron que estas llamadas son recientes, mientras el primer gobernador no priista de la historia, ahora expanista, es investigado por delincuencia organizada, contrabando de combustible, evasión fiscal y una red de distribución de gasolinas y diesel, por medio de la empresa INGEMAR, por lo cual fueron detenidos siete coacusados. Existen 25 órdenes de aprehensión más.
Esta tarde inició una audiencia de la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, del segundo circuito del Estado de México, adscripta a los juzgados del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. La audiencia de formulación de cargos y determinación sobre su detención fue legal se hizo a distancia, desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. La diligencia se encuentra en pausa y se reanudará a las 19 horas de hoy mismo.
De acuerdo con lo que informó la FGR, Ernesto “N”, exmandatario bajacaliforniano (1989-1995), y la empresa citada, de la cual es accionista mayoritario, introducía al país combustibles, que en las aduanas declaraba menor volumen, apenas el 10 por ciento del real, además de que también utilizaba la modalidad de reportar productos con bajos impuestos, para no cubrir el total. Las gasolinas llegaban en carros tanques ferroviarios y después eran distribuidas en pipas.
Se estima que el no pago de impuestos tan sólo de enero a la fecha alcanza los 4 mil millones de pesos, pues los volúmenes importados eran muy grandes y para evadir el pago real de impuestos se creó una red con empresarios, funcionarios de aduanas y agentes aduanales, los cuales serán capturados para que respondan ante la ley.
Ernesto “N” fue el primer gobernador de la oposición, y ganó el cargo con apoyo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (PRI), quien con apoyo del PAN logró superar el problema político y legal del fraude con que ganó la elección presidencial en 1988. El PRI postuló para gobernadora de Baja California a una candidata extremadamente débil política y electoralmente, para garantizar el triunfo del abanderado panista.
El exmandatario bajacaliforniano se alejó del PAN, pero este partido no lo ha dado de baja de su padrón y aparece como militante activo, aunque ahora milita en el partido “Somos México”. El dirigente de esta nueva formación partidista, Guadalupe Acosta Naraanjo, quien fue de los “sepultureros” del PRD, y que se apresuró a denunciar que el expanista es víctima de una persecución política de parte del gobierno federal morenista.
