COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ABSURDA ACUSACIÓN DE QUE EL GOBIERNO
PROTEGE A NARCOS: ENCARCELÓ A 56 MIL
Los periodistas integrantes del llamado “sicariato mediático”, sospechosos de cobrar y estar al servicio de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, repiten y exageran en sus medios informativos todo cuanto dicen los colaboradores más fascistas del presidente Donald Trump sobre la protección del gobierno y de políticos morenistas a los narcotraficantes. No se cansan de sostener esas mentiras, y tampoco de difundir que no se les combate.
No les importa que los datos oficiales tanto del INEGI como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) -en el último participan todos los gobiernos estatales, incluyendo los de oposición- indiquen que los delitos de alto impacto se redujeron considerablemente de finales del 2018 a junio de este año; es decir, que bajaron de 969 a 430; es decir, un 53 por ciento más entre el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto a menos de los primeros 20 meses del de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Siguen machaconamente con la mentira de que ahora estamos “peor que antes”. Tienen razón en lo que dicen, en cierta forma, porque tanto las empresas mediáticas, como los propios periodistas corruptos se hicieron millonarios durante los gobiernos neoliberales con el saqueo del erario federal; es decir, ellos estaban mejor. Como ese dinero legítimo ya no lo obtienen, ahora buscan debilitar al gobierno federal para que les devuelva esos privilegios o generar condiciones para que la derecha y ultraderecha partidistas recuperen la presidencia de la República en 2030, para que la o el gobernante se ponga a sus servicio y al de sus patrocinadores, la ultraderecha empresarial y, entonces sí, vuelvan a estar “bien” como antes.
Medios y “sicariato mediático” hacen mal y mienten cuando utilizan el plural e incluyen a los 134 millones de mexicanos en el “ahora estamos peor que antes en materia de seguridad pública”, cuando la información oficial indica lo contrario. Esos periodistas aseveran que se protege a narcotraficantes, lo cual es falso y los datos duros lo prueban. En cambio, nunca dijeron eso cuando de verdad había un narcogobierno: el de Felipe Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad, Genera García Luna, formaba parte del “Cartel de Sinaloa” y por lo cual está preso en Estados Unidos.
Los delitos de homicidio doloso, que antes de la 4T llegaron a superar ligeramente el promedio diario de 100, ahora está en menos de 50, pero insisten en que entonces estábamos mejor. Esa actitud se explica porque ya no hacen periodismo, sino calumnian, difaman, mienten y violan el derecho constitucional de los mexicanos a ser informados oportuna y verazmente, en busca de recuperar sus intereses ilegítimos de que disfrutaron en forma más acentuada durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Esa mentira se estrella contra la verdad, porque cuando hablan de la protección de narcotraficantes y narcopolíticos, fingen ignorar que en los 20 meses del gobierno de la presidenta Shenbaum Pardo se capturaron cerca de 57 mil delincuentes y se decomisaron más de 30 mil armas, se destruyeron 2 mil 272 laboratorios donde se producían drogas sintéticas y, tan sólo en mar abierto, se han decomisado 140 toneladas de cocaína, de las cuales casi la mitad fue asegurada por la Secretaría de Marina.
Con estos resultados sólo de mala fe o por intereses económicos ilegítimos o francamente ilícitos puede sostenerse que estábamos mejor antes que ahora en materia de seguridad y que el gobierno federal y los estatales de Morena protegen a los narcotraficantes. Calumnian ahora y ocultaron la realidad cuando mandaba Felipe Calderón, quien a cambio de 40 mil millones de pesos los hizo firmar un acuerdo para que no se abundara mucho sobre las actividades de la delincuencia organizada ni se mencionara el número de homicidios dolosos diarios, porque eso “significaba la apología del delito”, según se argumentaba para justificar el abandono de la obligación profesional de informar con la verdad.
