*Al menos 24 aspirantes que ganaron de magistraturas no cumplían requisitos.
De la redacción
Nadie honesto puede negar la dimensión histórica de la elección de juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito del Poder Judicial Federal, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ciudadanos, así hayan representado un bajo porcentaje de la lista nominal de electores, fueron quienes decidieron quién ocuparán estos cargos de impartición de justicia y de garantes de la vigencia de la Constitución, en una oportunidad que nunca se había dado en los 200 años del Poder Judicial.
Este proceso electoral del Poder Judicial Federal también fue histórico, porque por primera vez la oposición y los poderes fácticos económicos y mediáticos llamaron a no votar, algo nunca antes ocurrido, sin reflexionar que la abstención siempre ayuda al partido en el poder.
No obstante, para la elección de estos funcionarios judiciales federales y de los estados deben reformarse las leyes aplicables, para subsanar errores, hacer más manejable el ejercicio del derecho al sufragio, permitir un mejor conocimiento de los candidatos y establecer sanciones para los comités de evaluación (uno por cada Poder de la Unión) que incurren en deficiencias y, peor aún, en fallas deliberadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) anuló el triunfo de 24 candidatas y candidatos ganadores en las elecciones para magistraturas de circuito, por no cumplir con alguno o algunos requisitos.
Eso no debió ocurrir. En especial es inexplicable y criticable que no hayan detectado la falta de idoneidad de quienes no reunían los requisitos de haberse titulado en la licenciatura con promedio de 8 y en la especialidad, con 9.
Podría entenderse que no percibieran que alguna o algún candidato no tuviera buena o mala fama pública, pero no que no detectaran que alguien se tituló con un 7 de promedio, porque eso estaba en la documentación que presuntamente revisaron.
LA FALLA SE REPLICÓ EN LOS ESTADOS
En suelo mexiquense los comités de evaluación también se equivocaron, probablemente en forma deliberada, para beneficiar intereses individuales o de grupo, porque la evaluación fue deficiente.
No generaron un escándalo porque casi todos los que no tenían mala fama pública perdieron, precisamente, por la mala imagen que los electores tienen de ellas y ellos. De lo contrario, hubieran propiciado que cuestionados personajes se fueran a encargar de impartir justicia.
