*Demandó Humbertus Pérez Espinoza más recursos y facultades para CODHEM.
De la redacción
Humbertus Pérez Espinoza, expreso político y dirigente de la organización no gubernamental “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, criticó que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y en especial su presidencia, esté convertida en una “chamba burocrática bien pagada”.
Con esta visión, demandó que el órgano que goza de autonomía constitucional reciba más presupuesto, pero al mismo tiempo se le otorguen más facultades y responsabilidades, para que atiendan con eficacia y oportunidad las violaciones a los derechos humanos como el de vivir en un medioambiente sano, con agua potable suficiente y otros temas más, ahora no incluidos en el catálogo de obligaciones y que requieren de un visitaduría especial.
Pérez Espinoza fue candidato a encabezar la CODHEM), pero no logró su objetivo y el Congreso Local designó a Víctor Leopoldo Delgado Pérez, de larga estancia como funcionaria en el ente defensor de las garantías básicas de las personas.
Esa trayectoria dilatada en la Comisión, expuso el entrevistado, constituye una desventaja, porque Delgado Pérez fue formado en la burocracia dorada, con propensión a no incomodar al poder público, a cambio de un alto salario y prestaciones.
El entrevistado ganó notoriedad al denunciar los abusos de las empresas constructoras de viviendas e inmobiliarias comercializadoras de las mismas, que edificaron casas de mala calidad y precios excesivos, con mensualidades elevadas, que no pudieron cubrir los compradores, por lo que muchos sufrieron la pérdida de sus viviendas a manos de los bancos.
Además, denunció en su momento, se entregaron a los municipios colonias o fraccionamientos sin servicios a los que se habían comprometido dotar y cobraron. Los gobiernos, especialmente el de Tecámac, por corrupción aceptaron recibirlos.
Pérez Espinoza denunció que también se construyeron ilegalmente en las unidades habitacionales terrenos destinados a servicios y a áreas verdes, con la complicidad del gobierno estatal y los municipales, mientras la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no atendió las demandas de los colonos afectados.
El dirigente de la entonces organización Frente en Defensa de Una vivienda Digna fue detenido en 2016 por agentes de la Procuraduría, acusado de un cargo que más parecía una narración de Franz Kafka o Gabriel García Márquez: que se había introducido a la vivienda de un vecino y había robado pertenencia, incluyendo un aparato de televisor.
Estuvo preso 4 años y su estancia en un penal le permitió conocer que abundaban casos como el suyo, de presos por delitos inventados, y en la cárcel fundó su actual organización. Y al salir volvió a la lucha social. También denuncio la corrupción de autoridades carcelarias, en contubernio con reos de alta peligrosidad. Al recuperar su libertad se reincorporó a la lucha social.
