*Aplicación de la ley a corruptos, por ajustes de cuentas o por desconfianza.
De la redacción
Entre el 2022 y el 2024, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), dependiente del Poder Legislativo, presentó observaciones al ejercicio del gasto público por cerca de 150 mil millones de pesos, de los cuales más de 90 mil millones correspondieron al gasto estatal y 60 mil millones de pesos, a los municipios. Al 2024 correspondieron 52 mil millones; es decir, poco más de la tercera parte.
El dato fue manejado por el diputado del PRI, Alejandro Castro Hernández, integrante de la Comisión de Vigilancia del citado ente fiscalizador. Y a la fecha no hay información sobre funcionarios corruptos encarcelados, ni de montos de fondos públicos recuperados, como consecuencia de las observaciones de esos tres años, dos de los cuales un año y nueve meses correspondieron al gobernador Alfredo del Mazo Maza y uno y tres meses a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Así ha ocurrido en toda la historia estatal, cuyos gobiernos, incluidos los municipales, con muy pocas excepciones, partieron de la convicción de que enriquecerse desde el ejercicio del poder era lo más normal, como lo era la impunidad para los corruptos.
Ahora gobierna un partido que tiene en la lucha contra la corrupción y la impunidad “cero” su principal bandera. No obstante, las auditorías y revisiones del OSFEM a las cuentas públicas del año pasado encontraron irregularidades que se parecen mucho a la corrupción del priismo, como es similar la falta de castigo y de recuperación de lo robado; es decir, nada en este tema nada cambió.
El legislador priista destacó el pago de obras que no se realizaron, obras pagadas sin los avances físicos acreditados, obras adjudicadas y compras realizadas injustificadamente sin licitaciones, desvío de partidas presupuestales y otros gastos sin soporte documental.
En el caso del ISSEMYM, el OSFEM encontró presuntas compras irregulares de medicinas y suministros de insumos y equipo médico sin el procedimiento, ni la documentación correspondientes, obras pagadas, pero no construidas e irregular contratación de personal.
Son las mismas presuntas irregularidades detectadas en las cuentas públicas del 2022 y 2023, y también son las mismas también desde hace muchos años, décadas, sin que se sancione a los culpables; salvo en los pocos casos de ajustes de cuentas entre grupos políticos o la caída en desgracia de algún personaje frente a los hombres del poder.
Esa impunidad ha caracterizado a los corruptos y corruptas en suelo mexiquense, pero eso no debe continuar en este sexenio, que emanó de un partido que tiene entre sus objetivos de lucha erradicar y castigar la corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados Federal y que fiscaliza la aplicación de fondos federales entregados a los gobiernos estatales, encontró diversasa irregularidades en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), organismo caracterizado por su alta corrupción, pero que se supone ya no debe existir ahora.
Este caso resulta preocupante, porque si sus responsables son capaces de cometer actos de corrupción con fondos, cuya fiscalización no controla el gobierno estatal, ya es de imaginar cómo aplican los recursos presupuestales del Estado. No hay información sobre sanciones a la corrupción en el ISEM, cuyos servicios los está reasumiendo la federalización.
