NO PUEDE, NI DEBE TOLERARSE
CORRUPCIÓN, NI A CORRUPTOS
LA SOCIEDAD FUE PERMISIVA CON LA CORRUPCIÓN
EN EL PASADO, PERO YA NO LO ES EN ESTE TIEMPO
La corrupción en el ejercicio del poder público constituye una traición a la sociedad, con efectos perniciosos y multiplicadores para la misma, y para el patrimonio público. Por este fenómeno, el presupuesto pierde poder de compra y, adicionalmente en el caso del gasto de inversión, se encarecen las obras públicas o se ejecutan sin supervisión eficaz debido al contubernio de empresarios con los funcionarios.
El resultado socialmente negativo no se limita al precio inflado de los proyectos, sino que va más allá, porque el pueblo recibe obras públicas de mala calidad y poca duración, con materiales de calidad inferior a la contratada, pero con la anuencia de los servidores públicos beneficiarios de la corrupción, aunque a simple vista no se detecten estos daños.
Como en el pasado no había percepción pública de esta realidad, los corruptos no tenían rechazo social; al contrario, se les llegó a admirar sus riquezas de origen ilícito, pero esto cambió y ahora se desprecia a los enriquecidos con el saqueo de los fondos públicos y se critica la falta de acciones sancionadoras contundentes en su contra.
En este espacio de reflexión de “El Espectador” y “La Noticiería” cuestionamos en su momento la falta de acciones contra la corrupción de parte de la Legislatura Local, dominada por Morena, en la segunda parte del sexenio de Alfredo del Mazo Maza. Hubiera sido infantil exigir un combate enérgico al fenómeno corrupto y corruptor que se daba en los gobiernos priistas cuando éstos tenían mayoría calificada en el Congreso Local.
Nada cambió con la conquista de la representación popular mexiquense por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Sobre todo, cuando estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Maurilio Hernández González, un político de larga trayectoria priista, arribado al PRD, y después a Morena, proveniente del sindicalismo corporativo y parte importante del grupo interno morenista que encabeza el senador Higinio Martínez Miranda. Nunca denunció la corrupción en el gobierno, a pesar de que su partido controlaba también al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Ahora ese ente fiscalizador detectó serias irregularidades en el ejercicio presupuestal del 2024, como las había hallado en el último año completo del sexenio de Alfredo del Mazo Maza, y el primero de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, 2023, sin que se conozcan denuncias penales y mucho menos funcionarios o exfuncionarios corruptos presos. Sigue igual que antes.
Este comportamiento institucional frente a la corrupción no puede continuar, y es exigible que las autoridades competentes denuncien y las jurisdiccionales atiendan y sancionen con todo el rigor la ley a corruptos y corruptas, incluyendo a sus cómplices de la iniciativa privada, los más beneficiados de esas conductas ilícitas.
