*Redistribución de ingresos públicos y mejora al salario, combaten desigualdad.
Gabriel L. Villalta
Poco, casi nada se habla de lo que significan los programas sociales y los aumentos salariales como instrumentos de la redistribución de los ingresos públicos y de una mejor distribución de la riqueza, pero eso son en los hechos esas dos políticas públicas, implementadas desde 2019.
El Banco Mundial (BM), institución financiera global enemiga de este tipo de políticas, reconoció, con datos a diciembre de 2024, que no sólo fueron sacados de la pobreza 13.4 millones de personas, sino que el impacto de esta redistribución de los fondos públicos y el fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios beneficiaron a las clases medias, cuyo peso relativo en la sociedad creció12.4 puntos porcentuales entre 2019 y 2024.
Como consecuencia lógica, la desigualdad económica, que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue de 35 veces los ingresos de los más ricos, en comparación con los de los más pobres, se redujo a poco más de 17 veces.
La desigualdad económica prevaleciente durante el gobierno del segundo panista que ocupó la presidencia de la República alcanzó el mismo nivel que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se abatieron los niveles de bienestar social, de acuerdo con un análisis comparativo de “El Espectador”.
Dicha política pública salarial y la inversión en los programas sociales son de las dos que más irritan a la ultraderecha empresarial (ese grupo que se apoderó de la riqueza del país mediante el saqueo del patrimonio nacional), porque representan la cancelación de sus privilegios.
Todo lo que del presupuesto público se llevaba en su beneficio esa minoría empresarial (la abrumadora mayoría del empresariado no participaba en la corrupción) es lo que ahora se destina a los programas sociales.
Los salarios mínimos de miseria representaron oportunidad de oro para la acumulación de descomunales fortunas de la clase empresarial, lo cual concluyó a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continúa en el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo cual la ultraderecha empresarial también está molesta y habla de que vamos al socialismo.
Esa posición de extrema derecha, que tiene en Ricardo Salinas Pliego su representante más visible, sigue siendo minoría en el conjunto de empresarios mexicanos, cuya mayoría no la comparte.
Eso se comprobó con el aumento a los salarios mínimos generales y profesionales por consenso, como lo fue el compromiso de reducir gradualmente las horas laborables de 48 a 40 horas.
Esa redistribución de los ingresos públicos y la riqueza, es lo que conduce a los empresarios más ultraderechistas a sostener si ninguna base científica que México se encamina al socialismo, cuando todo se hace en el sistema capitalista o de mercado, como gusta decirle a los neoliberales.
Aun así, redujo la pobreza y la desigualdad social y elevó la masa circulante de dinero, en beneficio también de la clase empresarial, por el aumento en la capacidad de compra de los salarios de sus consumidores.
