CARAS VEMOS… NO SABEMOS
AUGUSTO LOZANO ROBLES
Llama la atención que la ultraderecha y derecha partidistas y el poder fáctico mediático sigan empeñados en ubicar el problema que enfrenta la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y los agentes de la CIA como una persecución política. La mandataria panista de esa entidad norteña fronteriza no es señalada y cuestionada por haber desmontado ese sitio, sino por autorizar o dejar que intervinieran en ese operativo los espías del órgano de inteligencia y contrainteligencia estadounidenses, lo cual constituye una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. No tenía, ni tiene Campos Galván facultades constitucionales para hacer convenios con agencias extranjeras de espionaje. Las tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pero los convenios no deben autorizar la participación física de los agentes en operativos como el que destruyó el laboratorio en la Sierra de Chihuahua. Esto no lo analizan los defensores a sueldo de la gobernante norteña, incluyendo a Roberto Gil Zuarth, exsenador, colaborador cercanísimo de Felipe Calderón Hinojosa, cuando éste fue presidente de la República… No son pocos los juristas que opinan que el otro gobernador con problemas, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, si de verdad cometió delito, debe ser juzgado y castigado en México. Y sólo después de eso, si hubiese cometido delitos distintos en Estados Unidos, conceder su extradición al gobierno de ese país. Otros más rigurosos, consideran que desde siempre, México ha aceptado implícitamente que la primera potencia militar y económica del mundo le de jurisdicción extraterritorial a sus leyes y tribunales en caso, como el del grupo de sinaloenses, se les acuse de delitos cometidos en México. Y hace lo mismo en otros países latinoamericanos… La extradición se entiende como la solicitud de entrega de un presunto delincuente al país en cuyo territorio delinquió, no para quien cometió conductas ilícitas en su país, sin pisar suelo del que lo reclama. Ponen como ejemplo el caso de las poderosas compañías estadounidenses fabricantes de armas que las venden a narcotraficantes mexicanos, con impacto desastroso en nuestra nación, por las decenas de miles de homicidios que se cometen cada año con ese armamento. El vecino país del norte jamás aceptaría entregar a los dueños de esas empresas para que sean juzgados en México por homicidio doloso, delitos contra la salud, secuestro y extorsión que se perpetran aquí. Ni siquiera acepta extraditar a delincuentes mexicanos que delinquieron aquí y ahora viven en Estados Unidos. Suman las solicitudes de extradición 269 en ocho años y 6 meses, y no se ha concedido ni una sola. “El sicariato mediático” y los opositores no critican este comportamiento de las autoridades de la vecina nación del norte del Continente, ahora encabezadas por Donald Trump… Los columnistas que sirvieron y se hicieron millonarios con la corrupción de Carlos Salinas de Gortari, son quienes más calumnian y difaman al gobierno federal. Sobresalen entre ellos José Carreño Carlón, que fue vocero del mandatario; Raymundo Riva Palacio y Jorge Fernández Menéndez, que fueron funcionarios. Otros no fueron empleados de Salinas, pero los corrompió y los enriqueció a cambio de que como intelectuales legitimaran al gobierno surgido de un fraude descomunal en 1988, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín (rivalizaban por los favores económicos del mandatario), quienes están muy resentidos porque ya nadie los quiere corromper… CONTRAOREJA: “Palestina, Palestina, Palestina”… CONTRAOREJA DOS: “Piensa ¡oh patria querida! que el cielo, un soldado en cada hijo te dio” Una de las partes del himno que los neoliberales y sus agencias patronas buscan borrar de las ceremonias…
