*Ahora acusan a un magistrado de despojo de terreno a particular; el magistrado presidente, “ni ve, ni oye”.
De la redacción
Pasaron ya varios meses de la denuncia pública de corrupción en el DIFEM, registrada en la adjudicación de contratos de compras, en la cual se mencionó al magistrado del Poder Judicial mexiquense, Maximino Alexánder Rábago, sin que la institución que encabeza Sergio Macedo García haya explicado o desmentido la situación.
Se ignora si ordenó siquiera investigar esa grave acusación o de plano ni le interesó saber qué ocurre en el Poder que preside. Cuando “El Espectador” y “ La Noticiería” le preguntaron al respecto, montó en cólera y no anticipó si tomaría acciones para prevenir, combatir y erradicar cualquier modalidad de corrupción. El caso es doblemente grave por tratarse de la institución encargada de administrar justica; es decir, castigar los delitos.
Hace unas semanas fue denunciado otro presunto acto de corrupción, arbitrariedad y uso de las instituciones en favor de un particular, por parte del magistrado José Luis Maya Mendoza, quien presuntamente violó la ley en un juicio por un terreno ubicado en Acambay, municipio del norte del Estado, para favorecer a un familiar suyo.
Tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México dio a conocer lo que hace o hará para combatir a quienes en el Poder Judicial supuestamente agravian al Estado de Derecho, al torcer la ley, en lugar de castigar los delitos y darle vigencia a las leyes.
A pesar de que quienes se sienten afectados por la presunta violación a la ley por parte de este magistrado y de precisar inclusive que el terreno del cual fueron despojados se localiza en Endeje, comunidad de Acambay, la opacidad, el silencio o el desinterés por combatir la corrupción es la respuesta.
La denuncia destacó que el magistrado Maya Mendoza uso su poder al interior del Tribunal Superior de Justicia estatal para violar la ley y beneficiar a su suegra en este conflicto, en el cual por razones legales y de ética no debió intervenir.
Para ello, según dieron a conocer a la prensa los presuntos afectados, el magistrado alteró documentos y recurrió a su posición de fuerza para maniobrar y que al final un juzgado fallara en favor del familiar político del magistrado.
En poco tiempo dos magistrados fueron acusados de actos de corrupción, sin que el titular del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García diera muestras públicas de preocuparse y de anunciar al menos investigaciones de ambas graves denuncias.
En el primer caso, el del magistrado Maximino Alexánder Rábago, la indiferencia o falta de transparencia caracterizaron el comportamiento del presidente del Poder Judicial mexiquense, a pesar del lugar en el que se hizo la denuncia pública.
No importó que se presentara en Palacio Nacional, directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aplica una política de combate a fondo de la corrupción y la “cero tolerancia a la impunidad”.
En el caso del magistrado Maya Mendoza los denunciantes aseveraron que entre las maniobras ilegales en que deliberadamente incurrió estuvieron la falsificación de documentos y firmas de personas, delitos adicionales a los del despojo del terreno.
