*Lo acusaron la expresidenta del Poder Judicial y ex funcionaria de PGJ Guerrero.
De la redacción
La situación jurídica penal del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien en la madrugada del 12 de este mes fue vinculado a proceso con prisión preventiva por desaparición forzada de personas, relacionada con el “caso Ayotzina”, se complicó sobremanera
Los testimonios de la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en septiembre de 2014, Lambertina Galeana Marrían; y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien fuera funcionaria del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Guerrero, hundieron al exmandatario guerrerense, quien ocupó dos veces el cargo y, por cierto, en ninguna cumplió seis años al frente. El delito está tipificado como grave, elevada esa gravedad por tratarse de un gobernador.
Ambas fueron detenidas por la desaparición de pruebas claves para esclarecer lo ocurrido con los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, pero decidieron no pagar por un delito que, según ellas, perpetró Angel “N”.
También ambas son personas adultas mayores. De 81 años la extitular del Poder Judicial de Guerrero; y de 73, Estrada Ortega. Su testimonio de cargo no pudo ser desvanecido por las 30 pruebas de descargo presentadas por la defensa de Aguirre Rivero.
El juez del caso consideró que las imputaciones de las dos ex servidoras públicas acreditaron la existencia del delito y la probable responsabilidad del detenido, quien permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el territorio del municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. El juzgador fijó un plazo de 120 días para la investigación complementaria.
Y es que el cargo por el cual fue vinculado a proceso involucra a Aguirre Rivero en maniobras para evitar el esclarecimiento de lo ocurrido a los 43 normalistas en Iguala, pero puede ser acusado también de protección a su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien de acuerdo con testimonios de las testigos, el entonces gobernante reveló que tenía vínculos con la delincuencia organizada, responsable de la desaparición masiva, presumiblemente con “Guerreros Unidos”.
Las imágenes destruidas correspondían al momento en que los jóvenes fueron bajados de un autobús custodiado por policías de Iguala, Huitzuco y Cocula y por hombres fuertemente armados vestidos de civiles, quienes los subieron a otra unidad, la cual partió custodiada por los mismos uniformados y los civiles. Los videos fueron captados por dos cámaras que funcionaban en el exterior del Palacio de Justicia ubicado en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014.
De acuerdo con esa acusación, Ángel “N” conocía las actividades delictivas de los grupos criminales, como “Guerreros Unidos”, “Los Rojos” y “La Familia Michoacana”. También el dirigente del primer grupo criminal, Sidronio Casarrubias Salgado sostuvo que el gobernante estatal de ese tiempo conocía también los vínculos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca con su grupo, y que Ernesto Aguirre Gutiérrez, aun cuando ya no estaba en el gobierno, tenía tanto poder que le daba órdenes al procurador Iñaki Blanco, quien destruyó las pruebas de los videos.
