COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
EL INE PUEDE RECIBIR MENOS PRESUPUESTO DE
PEDIDO; PARTIDOS, MONTOS GARANTIZADOS
Es altamente probable que el Instituto Nacional Electoral (INE) no obtenga el presupuesto de 36 mil 600 millones de pesos que solicitará para el 2027. Lo más seguro es que le otorgue menos la Cámara de Diputados Federal cuando apruebe el presupuesto general del gobierno de la República, porque puede hacerlo y sería legal, pues tiene facultades constitucionales para ello. Y siempre al final le aprueban menos.
Quienes no sufrirán merma en sus prerrogativas son las organizaciones políticas. Las que ya tenían registro electoral y los dos nuevos recibirán subsidios, a los cuales por eufemismo y corrección política le denominan prerrogativas, por un monto de 10 mil 842 millones de pesos. Los diputados no podrán recortarles ni un solo centavo, en virtud de que el monto global para las organizaciones políticas está determinado por el número de ciudadanas y ciudadanos integrantes de la lista nominal de electores.
Además de ese elevado monto, las formaciones partidistas con registro reciben prerrogativas de las entidades federativas, y esos fondos son mayores a los entregados por el INE, con ellas el próximo año obtendrán subsidios federales y estatales por una suma global superior a los 23 mil millones de pesos, en un verdadero abuso legalizado por los diputados de todos los partidos, federales y locales, que no puede erradicarse sin reformas constitucionales federal y de los estados.
Es un despropósito que, por ejemplo, sólo por existir, Morena, PAN, PRI, PT, MC, MC, PVEM, PAZ y Somos México vayan a obtener 7 mil 879 millones de pesos, disfrazados con el concepto de “actividades ordinarias permanentes”, cuando en la práctica no las realizan. Nadie los ve trabajar cuando no son años electorales. Puede justificarse el gasto en campañas de sus candidatos, pero no el dinero público que se les entrega para “actividades ordinarias permanentes”. Para tareas de búsquedas del voto recibirán 2 mil 363 millones de pesos el próximo año.
Conviene y es necesario reflexionar sobre la conveniencia de ponerle fin a este abuso y negocio de las cúpulas partidistas, y estimular el trabajo de las organizaciones políticas, mediante el convencimiento de los votantes a que ejerzan su derecho al voto. Para lograr ese objetivo la fórmula utilizada para determinar el monto global de las prerrogativas debe modificarse y aplicar otro criterio que haga atractivo a los partidos elevar su votación.
No se debería tomar como base para el reparto de prerrogativas la lista nominal de electores, sino sólo los votos obtenidos por todos los partidos entre ese universo; es decir, por los electores que lleven a las urnas. Así, si la participación electoral es del 50 por ciento de esa lista, unos 50 millones, que ese número sirva para determinar las prerrogativas globales en el siguiente año de un proceso electoral, y que las prerrogativas se reduzcan al 50% hasta el próximo proceso, como castigo o incentivo para que los partidos convenzan a los electores a emitir su voto.
En estos momentos, en un caso extremo de que acudieran a las urnas 30 millones de electores, el gobierno está obligado a entregarles prerrogativas como si hubieran convencido a ejercer sus derechos electorales a las y los cien millones integrantes de la lista nominal.
Sin un cambio legal de esta importancia, los partidos pequeños tendrán como único objetivo alcanzar el tres por ciento de la votación, para no perder el registro, las prerrogativas y los cargos de representación nacional, cuando lo que deben hacer es luchar para ganar o conservar el poder, según el caso, el poder, no el negocio de las prerrogativas para las cúpulas directivas; algunas de ellas integradas por verdaderos vivales en una actividad tan noble, como la política.
Hasta ese absurdo y exceso puede llegarse así como está el marco jurídico y constitucional aplicable, lo cual hace necesario una reforma a fondo, para que los partidos sean premiados si abaten el abstencionismo electoral y reducirles el dinero público sin no pueden, no quieren o no saben cómo reducir el abstencionismo. Lo que no debe continuar es que reciban dinero por cien millones de votantes y la participación en las urnas que motiven sean de 50 ó 40 millones de esa cifra.
