*No les alcanzará la vida para poder salir libre de la prisión los asesinos de una familia en Atizapán de Zaragoza.
De la redacción
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, vinculados a proceso penal como autores de la masacre perpetrada el primero de este mes en Atizapán de Zaragoza, donde el primero asesinó a balazos a cuatro personas y al perro de una familia, morirán en la cárcel si son encontrados culpables, según cálculos de “El Espectador” y “La Noticiería” a disposiciones del Código Penal del Estado de México.
Como se difundió en su oportunidad, las víctimas fueron el tecladista, compositor y cofundador del grupo musical Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años; su esposa, Ana Paula Barragán, con 4 meses de embarazo; la niña Sofía, de 3 años, hija del matrimonio, y la trabajadora doméstica, Aleyda Romero.
Fueron masacrados en un penthouse propiedad de Meléndez Ochoa, ubicado en un edificio del fraccionamiento residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda del citado municipio mexiquense de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el demencial comportamiento del asesino, dio muerte a un can, y para su acción criminal utilizó una pistola provista de un silenciador, por lo cual los vecinos no escucharon las detonaciones.
Se ve extremadamente difícil, casi imposible que en su momento puedan recibir sentencia absolutoria, dada las abundantes pruebas en contra de los imputados y el testimonio comprometedor del coacusado.
El delito de homicidio con agravantes se castiga con pena mínima de cárcel de 25 años por cada una de las víctimas, lo cual arrojaría 100 años de prisión, más cinco años por la interrupción del embarazo y tres por la muerte del perro, para una sentencia condenatoria de 108 años, los cuales sumados a la edad que cada acusado tiene, no les permitirían salir vivos de la prisión.
Peor sería su situación si en los delitos mencionados le aplican la máxima pena de cárcel de 70 años por víctima, ello arrojaría solo por los homicidios 280 años de encierro en una cárcel estatal.
A esta condena habría que agregar las penas máxima de 10 años por interrupción del embarazo y seis por lo que le hicieron a la mascota de la familia, para un total de 296 años, más otros delitos que pudieran atribuirles, como el allanamiento de morada, que podría elevar la sentencia condenatoria a más de 300 años de cárcel.
Ni en el mejor de los casos les alcanzará la vida para poder abandonar la prisión donde compurguen su condena, y morirán presos por la masacre de las cuatro personas, con cuyo jefe de familia tenían una relación de amistad.
