NO POSTULAR POLÍTICOS CON
VÍNCULOS CON DELINCUENTES
GOBERNANTES MUNICIPALES, EL ESLABÓN MÁS
DÉBIL ANTE AL PODER DEL CRIMEN ORGANIZADO
Las estrategias “Enjambre” contra funcionarios y funcionarias de elección popular y de designación, vinculados con la delincuencia organizada, iniciado en suelo mexiquense con participación decidida y decisiva del gabinete de seguridad federal y extendido a otras entidades, y “Restitución” contra invasores de viviendas, expusieron la fragilidad de los gobiernos municipales frente al poder brutal de la delincuencia organizada.
No puede ignorarse que haya políticos y políticas que ganan alcaldías y tienen propensión a obtener beneficios ilícitos y enriquecerse desde sus cargos públicos, sin importar que para lograrlo tengan que corromperse y vincularse con grupos criminales, como lo prueban las acciones de las autoridades federales y estatales contra gobernantes de este nivel, funcionarios, mandos policiacos y expresidentes municipales en suelo mexiquense, pero son los menos.
La mayoría no quedan en condiciones de fortaleza institucional para resistir las presiones de los peligros grupos criminales organizados que operan en sus demarcaciones municipales, por ello las próximas elecciones de ayuntamientos representan una gran oportunidad para las autoridades federales y estatales para construir un sistemas que proteja a los gobiernos municipales de la delincuencia organizada y no permita que se les obligue a apoyarla.
Mucho se insiste, con razón, en que los ayuntamientos son el primer contacto de los mexicanos con las instituciones y los prestadores de los servicios básicos; es decir, tienen importancia estratégica para el funcionamiento de los tres ámbitos de gobierno, por lo cual no puede dejárseles a merced de los grupos criminales.
Las organizaciones políticas tienen igualmente mucho que aportar a esos fines, y lo primero que deben hacer, llegado el momento, es no postular a quienes la población de cada municipio señala por tener vínculos con la delincuencia organizada o son impuestos por la misma.
Es decir, las formaciones partidistas no sólo deben darles candidaturas a sus cuadros con el mejor perfil para un buen desempeño, sino igualmente cuidar que no tengan relaciones con grupos delictivos. Estos aspectos, desafortunadamente, para efecto de postulaciones, no constituyen oficialmente antecedentes penales.
Todos los partidos políticos, aun los más pequeños cuantitativamente, disponen de buenos cuadros para ser candidatos en cada municipio, y no hay razones de peso para que postulen a quienes son señalados como corruptos, delincuentes o ineptos.
Los partidos, al momento de decidir las candidaturas, deberían privilegiar los intereses de cada población, no los de la delincuencia organizada, como llega a ocurrir, con resultados desastrosos para la comunidad y para la institucionalidad.
Existen ya mecanismo institucionales para conocer a fondo el perfil de cada aspirante a una alcaldía, hombre o mujer, además de la opinión ciudadana en cada municipalidad, por lo que no habría explicación y mucho menos justificación si llegan a postular a quienes cuentan con vínculos con grupos criminales o antecedentes de corrupción.
