*Sentencia condenatoria menor a año y medio y multa inferior a 6 mil.
De la redacción
La lucha contra la corrupción de funcionarios públicos estatales y municipales sufrió un severo golpe de parte del Poder Judicial mexiquense, al dictar una leve sentencia condenatoria, casi simbólicas a dos altos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del gobierno estatal, detenidos por extorsionar.
La captura de Raúl Piña Horta, cuadro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exdiputado local (en coalición con el PRI) y director general de Control de la Contaminación Atmosférica Emisiones de la dependencia, se ejecutó después de que las víctimas de extorsión hicieron llegar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo una denuncia pública, presentada en su “Conferencia del Pueblo”.
Su subalterno, Carlos Eduardo Solares Vega, quien era director de Control de Emisiones a la Atmósfera, fue aprehendido por el delito de abuso de autoridad. Fueron detenidos fuera del territorio mexiquense.
La sentencia de la semana pasada dejó la impresión de que buscó fomentar la corrupción. A Piña Horta y a su subordinado, Solares Vega los condenaron a un año y 4 meses de prisión, conmutables por una sanción económica de 5 mil 400 pesos y de 4 mil 800 pesos, respectivamente.
La cubrieron de inmediato, pero sorprendió que el juzgado reclasificara y eliminara el cargo de extorsión agravada, para dejar el de abuso de autoridad, cuando la imputación de la FGJEM indicaba que habían extorsionado con cientos de millones de pesos a los verificentros. Basaron su argumento en que las víctimas declararon que ya no son extorsionados. No podían serlo, porque los imputados estaban presos.
Ambos llegados de fuera de la entidad, dependientes de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, también cuadro del PVEM, Alhely Rubio, fueron detenidos en agosto de este año, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad.
El escándalo de la extorsión a los verificentros, con el pretexto de dejarlos operar, fue de dimensión nacional. La FGJEM difundió una grabación. En ese audio acreditó el “modus operandi” de los funcionarios públicos estatales.
Amenazaban inclusive con hacerles daños físicos a las víctimas y a sus familiares, si no cedían a las exigencias dinero, pero todo fue desestimado por el juzgado que los vinculó a proceso y ordenó su reclusión en un penal de Chalco.
Sorprendió la celeridad con que se desarrolló el proceso penal, en apenas dos meses, cuando hay detenidos que llevan años en condición de procesados, sin recibir sentencia, inclusive muchas veces encarcelados por delitos menores o inventados.
El juzgado de la causa rechazó el cargo de extorsión agravada y sólo los encontró culpable del de lito de abuso de autoridad, con lo que de paso le dio un “raspón” a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la cual hizo pasar como deficiente en la integración de la carpeta de investigación.
Lo grave es que alentará la corrupción en el gobierno mexiquense, puesto que si se liberó a quienes generaron un escándalo nacional por la denuncia pública presentada en Palacio Nacional, menos se sancionará a quienes delinquen sin que trascienda.
