*Publican las 11 leyes secundarias para aplicar la reforma energética
GABRIEL L. VILLALTA
Con la publicación de 11 leyes secundarias sobre el tema, para la entrada en vigor de la reforma constitucional energética, fue restaurada la rectoría del Estado en la materia, especialmente en la planeación del desarrollo de las industrias petrolera y de energía eléctrica. Estas normas no necesitan aval de los congresos locales.
De esta forma quedó sepultada la reforma impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013, que abrió la explotación de los recursos petroleros a la iniciativa privada nacional y extranjera, y la generación de energía (luz) a particulares, con privilegios sobre las dos principales empresas públicas, a las cuales se pensaba quebrar para privatizarlas, en el apogeo del neoliberalismo global.
María Elena González Escobar, secretaria de Energía, detalló los cambios a las 11 leyes reglamentarias de la reforma impulsada inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma constitucional peñista, decida por los organismos financieros internacionales y los intereses globales que defienden, se aprobó mediante sobornos a diputados y senadores del PAN y PRD, en perjuicio de los intereses del país, y suprimió la rectoría del Estado, establecida por la Constitución desde 2017.
Suprimió la condición de empresas públicas descentralizadas de PEMEX y de la CFE, para dejarlas como “empresas productivas del Estado”, en igualdad de condiciones que las privadas, inclusive con más privilegios para éstas, especialmente en materia de energía eléctrica, porque utilizaban infraestructura de la CFE sin pago algún, y supuestamente eran competidoras en igualdad de condiciones.
Esos cambios constitucionales del 2013 despojaron al Estado Mexicano no sólo de la rectoría en materia de planeación del desarrollo energético, sino que fue sustituido en esas facultades por órganos autónomos, que en los hechos estaba por encima de los poderes constituidos.
Fueron suprimidos por la nueva reforma, pero hubo férrea resistencia de los poderes fácticos económicos y por sus medios informativos y lo que ahora se conoce como “sicariato mediático”; es decir, los periodistas, que están a su servicio.
Desde ahora ni PEMEX, ni CFE podrán ser consideradas monopolios, al restaurarse su condición de empresas estratégicas encargadas de lograr la soberanía energética y operar con sentido social, de atención a las necesidades de la comunidad nacional, no como instrumento para el saqueo de recursos naturales.
La voluntad popular de los votantes mexicanos en el 2018 y el 2024 hizo posible revertir lo que parecía imposible, por la correlación de fuerzas electorales favorables a los partidos que se entregaron a los intereses de la ultraderecha empresarial del país y del extranjero: PRI, PAN y PRD.