La SCT debe Transparentar la Aportación Total del Gobierno en Efectivo y Especie al Proyecto.
No hay discusión sobre la necesidad de un nuevo aeropuerto internacional para la megalópolis del Valle de México: el actual hace años está rebasado por la demanda y se ha convertido en un cuello de botella en perjuicio directo e inmediato para los pasajeros e indirectamente para las actividades económicas de la región, la más poblada de América Latina y una de las de mayor peso demográfico del mundo.
Puede discutirse si el sitio seleccionado para la megaobra era el más indicado y es especialmente válido debatir respecto de los efectos ambientales, sociales y económicos de la obra, pero no así la conveniencia de esa obra en ese u otro lugar de la Zona Metropolitana del Valle de México, compartida por la capital del país y municipios mexiquenses.
De la misma forma resulta urgente e inaplazable revisar los procedimientos de asignación de los contratos, para impedir daños al patrimonio público por sobreprecios, obras no ejecutadas, de mala calidad o posibles actos de corrupción, para corregirlos, incluso sancionarlos, en lo cual está de acuerdo hasta Carlos Slim, defensor de la megaobra.
No obstante, eso será insuficiente e incompleto como acto de rendición de cuentas si no se transparenta la posición del gobierno federal sobre la propiedad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido por sus siglas “NAICM”. Hay absoluta opacidad en aspectos fundamental del megaproyecto.
Como lo señalan los entrevistados por “El Espectador”, cuyas observaciones ocupan la nota principal de portada, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, habló hace unos meses de la modificación en la estructura accionaria de la futura terminal aérea: será enteramente privada.
No obstante, está documentada una aportación pública de tres mil millones de dólares al proyecto. Y lo más importante, nadie contabiliza la inversión gubernamental en especie: 5 mil hectáreas de terrenos destinadas al proyecto, cuyo valor a precio comercial actual anda por los 400 mil millones de pesos.
Si a esto se agregan los más de tres mil millones dólares en efectivo, estamos hablando de más de 450 mil millones de pesos. Este aspecto fundamental está en la absoluta opacidad, y podría tratarse de una de las modalidades aplicadas por los gobiernos para favorecer a grupos empresariales amigos, para enriquecerlos más, con carga al patrimonio de todos.
La SCT se comporta frente al tema del NAICM como si no existiera esa inversión pública en efectivo y en especie de esa magnitud, ante lo cual es urgente se aclare la situación. Debemos conocer cuál será la contraprestación que recibirá el gobierno por esa cuantiosa aportación, que incluye 5 millones de metros cuadrados de terreno en zona de alta plusvalía, parte del patrimonio inmueble de todos los mexicanos.
