*La ONU y la CIDH denuncian procesos amañados. *Intervino ya el Poder Legislativo.
Dos grupos de luchadores sociales mexiquenses recuperarán su libertad. Se trata de los detenidos por un problema ocasionado por el agua en Tlanixco, comunidad de Tenango del Valle; y de los de Salazar, perteneciente a Lerma, encarcelados por defender la tierra, se informó en la Secretaría de Gobernación.
La solicitud fue presentada por la ex presa política y ahora senadora por Guerrero, Nestora Salgado e incluye a casi 200 nombres de personas detenidas por defender los recursos naturales de sus comunidades. Y aquí en el Estado el Poder Legislativo da seguimiento ya al caso de los seis indígenas de Tlanixco.
En el primer caso, como lo estuvo denunciando el Centro de Defensa de los Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), y de lo cual se informó en este semanario, los agraviados en sus derechos humanos son Rómulo Arias Mireles, los hermanos Teófilo y Marco Antonio Pérez González, Lorenzo y Pedro Sánchez Berriozabal y la indígena de la tercera edad, Dominga González Martínez, condenados a más de 50 años de prisión por la muerte de un empresario floricultor.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la ONU, por conducto de la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos en México, había demandado la excarcelación del grupo de indígenas, porque hubo violación al debido proceso y por las numerosas irregularidades cometidas por el ministerio público y el juzgado de la causa.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consignó inclusive y el Poder Judicial le obsequió la orden de aprehensión contra un indígena nahua de Tlanixco que había fallecido un año antes del delito que le atribuyeron junto con los otros seis ahora condenados.
El caso más notable de agravio a los derechos humanos de los seis sentenciados fue el de Dominga González Martínez, detenida años después del homicidio, sólo porque hubo el señalamiento de que en los hechos participó una mujer morena, gordita y chaparra.
En el caso de los campesinos de Salazar, municipio de Lerma, fueron encarcelados por oponerse al despojo de tierras de propiedad social, que intentan poderosos grupos económicos de la rama inmobiliaria.
Como en el caso de Tlanixco, también la Fiscalía y el Poder Judicial han armado procesos amañados, para proteger a los fraccionadores que quieren apoderarse de una zona boscosa para destinarla a la construcción de mansiones para familias de altos ingresos.
La lista en poder de la Secretaría de Gobernación para gestionar la libertad incluye a Beatriz Pérez Flores, Daneyra K. Becerril, Cutberto Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas, Yuriko Becerril Villavivencio y Miguel Ángel Vilchis García.
