*En ese tiempo la inflación acumulada fue del 8.0 por ciento, y el servicio no mejoró.
De la redacción
En los últimos 28 meses la economía de los más de seis millones de mexiquenses usuarios del transporte público recibió el golpe más severo de su historia en materia de movilidad, por el excesivo encarecimiento del pasaje en ese período.
El 7 de septiembre de 2017 el boleto (en realidad es un decir, porque ya no dan boleto, ni hay manera de fiscalizar sus ingresos) costaba 8 pesos, y pasó a los 10 pesos. A partir del día primero de este mes, con el nuevo aumento autorizado por el gobierno del Estado de México, alcanzó los 12, más un cobro adicional por cada kilómetro de recorrido, después de determinada distancia.
En términos absoluto en ese período el viaje sencillo en distancias cortas se encareció en 4 pesos, y en término relativos, cincuenta por ciento, de acuerdo con una revisión al tema tarifario efectuada por “El Espectador”.
La nueva alza tarifaria fue desproporcionada, porque en esos 28 meses la inflación acumulada apenas rozó el 8.0 por ciento, por lo que los transportistas fueron tratados por las autoridades como un sector privilegiado.
Tan sólo por el aumento mínimo de 2 pesos (para no incluir el cobro adicional por kilómetros de trayecto, después de cierta distancia) el sector camionero obtendrá ingresos y ganancias extraordinarias.
De acuerdo con estadísticas de las propias autoridades mexiquenses del ramo, 6 millones de mexiquenses utilizan diariamente las diversas modalidades del transporte público, y como mínimo cada uno usa dos unidades del servicio, por lo que los viajes/pasajeros/día suman aproximadamente 13 millones.
El aumento de dos pesos les representará a los transportistas un ingreso diario adicional de 26 millones de pesos; equivalentes a 730 millones de pesos al año, sólo por los dos pesos de incremento tarifario, en vigor desde el día primero de este 2020.
Para dar un ejemplo de lo caro que es el transporte, en Acapulco, un lugar turístico, el boleto cuesta 8 pesos; es decir, aquí es 50 por ciento más caro que en ese destino turístico, presuntamente de vida cara.
OTRO PROBLEMA ES EL MAL SERVICIO
El encarecimiento del pasaje en las zonas urbanas y suburbanas resalta más porque el servicio de transporte urbano está catalogado entre los peores del continente, junto con el de Hondura.
Es inseguro por la forma irresponsable de conducir de los operadores de las unidades y por los asaltos cotidianos, además de la alta irregularidad en que circulan los vehículos, pues no todos tienen concesión y no es menor el porcentaje de los que son robados y aún así operan con la permisividad de las autoridades de seguridad pública y tránsito. Pese a ello, encarecieron el pasaje 50 por ciento en 28 meses.
NO HAN CUMPLIDO LO QUE PROMETEN EN CADA ALZA
Las autoridades apuestan al olvido de la población en el tema del incumplimiento de los compromisos que adquieren los concesionarios cada que se les autoriza una nueva alza. Ya en 2017 ante el escandaloso aumento, se habían comprometido a mejorar el servicio, las rutas y la seguridad de las unidades, no cumplieron con nada de lo anterior. También prometieron renovar el parque vehicular, implementar sistemas de prepago e instalar cámaras al interior conectadas con los servicios de seguridad. Tampoco cumplieron.
Como para ‘taparle el ojo al macho’, las autoridades han difundido la instalación de cámaras en unas cuantas unidades, menos del uno por ciento del total, según se estima, también presumen operativos para retirar unidades pirata, pero un simple recorrido por paraderos de municipios como Naucalpan o Ecatepec basta para ver que sigue presente el servicio irregular.
El problema no es solo administrativo, también operativo y estructural. Un alto número de unidades son ‘alquiladas’ a los operadores y por ello éstos compiten por el pasaje. Las empresas ya no contratan choferes, operan al margen de las leyes laborales y en esquemas de explotación no discutidos en los medios.
Todo ello hace preguntarse a la población quiénes son los dueños del transporte que pueden hacer compromisos con la autoridad, promesas, y luego incumplirlos sin repercusión alguna.
