*Doloroso y criminal: indígenas cometen trata y explotación de niños indígenas.
De la redacción
El feliz final desenlace del robo del pequeño Dylan Esaú, perpetrado el 30 de junio y rescatado posteriormente, no debe ocultar un hecho atroz descubierto durante la búsqueda del menor: la existencia de redes de trata y explotación de niños indígenas, integradas por adultos igualmente de los pueblos originarios, advirtió Salvador Jaramillo Rescala, abogado postulante.
Dylan Esaú fue robado del Mercado Popular Sur, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por una mujer de 23 años, de nombre Margarita “N”, quien mediante el pago de 200 pesos convenció a dos menores indígenas para que le ayudaran a sustraer al niño, quien se encontraba con su madre en el mercado, donde ésta tiene un puesto. Los medios informativos difundieron profusamente el robo y recuperación de Dylan, pero no percibieron la gravedad de la trata de niños.
Jaramillo Rescala recordó que durante uno de los operativos de búsqueda del niño robado la policía estatal de Chiapas encontró en un inmueble a 23 niños indígenas, a quienes mujeres igualmente indígenas dedicaban a la mendicidad.
“Indígenas incurriendo en trata de niños indígenas con fines de explotación, en algo grave y doloroso, que debe preocupar a las autoridades porque habla de la descomposición social que se extiende a algunos segmentos de la población originaria, de lo que ese hallazgo es la mejor prueba”, alertó el entrevistado.
Explicó que si la explotación de niños indígenas constituye una acción criminal extrema e inhumana cuando la perpetran mestizos, es mucho más grave cuando corre por cuenta de miembros de los pueblos originarios, sobre lo cual no se reflexionó cuando detectaron el caso.
Lo ocurrido con Dylan es condenable, pero con todo y lo imperdonable que haya sido, está el hecho de que la autora del robo tuvo como móvil resolver un problema de infertilidad, no de explotación infantil, como sí era el caso de la explotación de veintitrés pequeños indígenas por parte de mujeres indígenas, insistió el abogado.
Al mismo tiempo consideró grave que las autoridades y medios informativos no hayan dado seguimiento, ni concedido la importancia y atención debida a esa detección de 3 indígenas adultas que explotaban a 23 menores, hecho que denota la inducción de conductas criminales de una sociedad con alto grado de descomposición en algunas porciones de la población originaria.
