*Unos 70 políticos, entre aspirantes, precandidatos y candidatos, asesinados.
De la redacción
El presidente de la República y los gobernadores de las 32 entidades federativas del país firmaron un acuerdo para vigilar los procesos comiciales y evitar y sancionar los delitos electorales.
No obstante, faltaron un acuerdo y compromisos para prevenir la violencia política y la intervención de los grupos criminales en las contiendas por los más de 20 mil cargos de elección popular en juego, así como el financiamiento de campañas por parte de la delincuencia organizada.
Desde septiembre del año pasado se produjeron actos de violencia asesina contra políticos: aspirantes, precandidatos, candidatos y dirigentes partidistas, ocasionando cerca de 70 ejecuciones, de acuerdo con distintas fuentes, incluyendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). También hubieron presiones para abandonar candidaturas.
Otros hechos ocurridos hace unos días revelan la participación de intereses criminales en algunas contiendas por gobiernos municipales, incluso evidencian su infiltración en los partidos políticos.
En el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León fue capturado por fuerzas federales Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero”, dirigente importante de lo que queda del “Cartel del Golfo”. Se refugiaba en esa demarcación neolonesa.
Lo grave fue que en el mismo operativo de las corporaciones armadas se aprehendió al candidato del Movimiento Ciudadano a alcalde de ese municipio, Raúl Cantú de la Garza. Fue liberado por las arbitrariedades registradas en su captura, pero no por ser inocente.
Le encontraron armas, drogas, cartuchos, joyas y dinero, delitos graves, pero lo más preocupante es la posibilidad de que formara parte de la delincuencia organizada y ésta se haya infiltrado en Movimiento Ciudadano.
Trascendió que “El Vaquero” estaba en Salinas Victoria para acordar con grupos de la delincuencia organizada la entrega de dinero a candidatos para sus campañas electorales, para controlar después los gobiernos municipales y particularmente a los jefes de los cabildos. El mismo presunto jefe del “Cartel del Golfo” cobró en el primer semestre de 2018 como política municipal en el ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
En el mismo preocupante escenario electoral se inscribe la captura de Gregorio Gómez Martínez, cuadro del PRD y alcalde que buscaba o buscará la reelección en Tihuatlán, Veracruz, acusado de delitos.
La situación electoral se torna más riesgoso por las virulentas campañas electorales, encabezadas por las cúpulas nacionales de los partidos, que a todas horas pasan spots no para ganar simpatías y respaldo en las urnas, sino para destruir la imagen del adversario, sin importarles mentir, calumniar y difamar, lo cual no está a la altura de lo que demanda la preservación de las condiciones para la convivencia armónica de la comunidad nacional.
