PENSIONES Y DEUDA PÚBLICA,
HERENCIAS NEOLIBERALES
OBJETIVO DE EZP: LIBERAR AL GOBIERNO
DEL PAGO DE PENSIONES, NO SE ALCANZÓ
Cuando Vicente Fox Quesada llegó a la presidencia de la República encontró una deuda pública de poco más de un billón de pesos, ya sin los tres ceros quitados al peso por Carlos Salinas de Gortari. Entre el guanajuatense y Felipe Calderón elevaron el pasivo a más de 5 billones, para un incremento excesivo, no cuestionado por los medios informativos.
Pero no era todo el desastre, porque luego arribó al poder Enrique Peña Nieto, y la deuda acumulada durante 200 años se duplicó en un sexenio, para superar los 10 billones de pesos. Ahora el monto en pesos del pasivo contratado en dólares se eleva con cada devaluación, aunque no se contraten nuevos créditos.
La situación es grave para la población, porque tan sólo al pago de intereses México destina más recursos que los autorizados a programas sociales. Estos benefician a 25 millones de los 35 millones de hogares, el pago de intereses no se sabe a quién.
México tiene, en los pagos de deuda pública y de pensiones, dos descomunales desafíos no percibidos por los mexicanos de a pie y ocultados por los grandes medios informativos y la ultraderecha empresarial neoliberal, beneficiada por la rampante corrupción de entre 1982 y 2018, y que busca volver a ese pasado que le permitió concentrar la riqueza y el ingreso nacional, empobreciendo al 70 por ciento de la sociedad.
El caso de la privatización de las pensiones, modelo copiado a Chile, impuesto por el capitalismo mundial, con Augusto Pinochet como peón sanguinario, la efectuó Ernesto Zedillo con el objetivo de liberar en el largo plazo al gobierno de la carga fiscal representada por el incesante aumento del monto de la partida presupuestal demandada por el pago de las pensiones de los jubilados del IMSS.
La reforma constitucional y a leyes secundarias, apoyada en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, principalmente, por descuido o mala fe, estableció en un artículo transitorio la misma obligación, aunque modificada, para el gobierno de cubrir lo que faltara para garantizar, al menos, un salario mínimo de pensión a quienes sus raquíticos ahorros en el sistema pensionario privatizado no les permitieran recibir de las afores ese nivel de ingreso.
Es decir, con fondos presupuestales, el Estado Mexicano asumiría las obligaciones de las Afores para con los trabajadores pensionados de bajos ingresos. El problema es que el nuevo sistema pensionario no garantizará ni el salario mínimo al 80 por ciento de los asalariados de la iniciativa privada: el gobierno tendrá que volver a pagar pensiones a quienes ingresaron al mercado laboral a partir de julio de 1997, lo cual se suponía que no ocurriría, porque de eso se encargarían las afores. Además, carga ya con las pensiones de quienes cotizaron con la legislación hasta mediados del 1997.
La sangría al Presupuesto de Egresos Federal anual por pago del servicio de la deuda pública y pensiones es enorme y afecta a los mexicanos necesitados de servicios públicos y obras de infraestructura para el desarrollo, porque el dinero público destinado a cumplir ambos compromisos se resta de los montos para atender necesidades sociales. Son herencias malditas del neoliberalismo.
