*Ni la oposición, ni los ministros consideran legal el autoabasto.
GABRIEL L. VILLALTA
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que un juez de amparo especializado en la materia había considerada violatoria de la Constitución, y después considerada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en realidad es benevolente con las empresas particulares del sector, como lo prueban los números.
A la fecha la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acumula inversión en la industria por 377 mil millones de dólares, y la ley le reserva la generación del 54 por ciento de la energía consumida en el país; es decir, del mercado.
Las generadoras particulares, en cambio, arriesgaron capitales por 44 mil millones de pesos, casi el 10 por ciento de lo invertido por la empresa productiva del Estado, y atenderán al 46 por ciento del mercado, de acuerdo con información de la CFE.
En estas condiciones, sólo por ignorancia, prejuicios ideológicos o mercenarismo puede hablarse de que el gobierno federal busca restaurar el monopolio y ponerle fin a la libre competencia en la industria eléctrica.
De acuerdo con un análisis comparativo de “El Espectador”, la parte del mercado que le corresponderá a las empresas generadoras de energía eléctrica privadas equivale a la población conjunta de Argentina y Chile. Es demasiado el campo que explotarán, y todavía se quejan de que hay monopolio estatal.
Este argumento fue utilizado por las decenas de diputados federales opositores cuando se discutió la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que al final logró mayoría simple, pero no la calificada, por lo que fue desechada. El razonamiento fue falso.
El cuarto párrafo del artículo 28 constitucional claramente establece: “No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y los demás hidrocarburo, petroquímica básicas, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite”.
La oposición a la reforma constitucional en el tema fue rechazada porque reservaba al Estado en exclusiva todo lo relacionado con el litio, un mineral ligero, no ferroso, que será estratégico en el mediano y largo plazo.
La oposición, especialmente la de derecha y específicamente, el PAN, quería que se pudiera concesionar a particulares y esa posición fue asumida por el PRI y por el PRD, pero sin argumentos sólidos y más bien con razonamientos de orden político.
ILEGAL EL AUTOABASTO, COMO ESTÁ
En lo que no hubo discrepancia fue en el caso de la figura de autoabasto. Morena y sus aliados, lo mismo que los opositores coincidieron en que el mercado mayorista de energía eléctrica, que utiliza la figura de autoabasto es ilegal, porque es legal si cada empresa construye plantas generadora de fluido eléctrico para satisfacer su demanda, no para venderla, como ocurre actualmente. No obstante, la oposición sostuvo que para eliminar la distorsión, perversión e ilegalidad no se necesita una reforma constitucional.
