*CODHEM recibió 10 mil 118 quejas por presunta violación de derechos humanos.
De la redacción
El informe anual de actividades de la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Mondragón, resultó preocupante por motivos relacionados con el respeto a las garantías básicas de los mexiquenses, según un análisis comparativo de “El Espectador”.
Un dato estadístico relacionado con la tarea del organismo, contenido en el documento entregado a la diputada Mónica Álvarez Nemer, entonces presidenta del Poder Legislativo, evidenció el mal desempeño del propio organismo: en 12 meses recibió 10 mil 118 quejas de la población por presuntas violaciones a sus derechos humanos, por parte de autoridades estatales y municipales.
Lo más grave: de esas 10 mil 118 quejas, el organismo defensor de los derechos humanos de los mexiquenses sólo emitió 10 recomendaciones a las autoridades señaladas como responsables de los actos reclamados; es decir, una por cada mil expedientes abiertos. El número de agravios a derechos humanos denunciados fue alto, pero en la realidad ha sido todavía mayor porque sólo se denuncia un pequeño porcentaje del total.
La mayoría no se denuncia, por falta de confianza en las instituciones, lo cual se traduce en altas cifras negras e impunidad. Pero en el Estado de México esto ocurre también con los delitos del fuero común, de los que se castiga sólo al 2 por ciento de los denunciados y se denuncian menos del 5 por ciento de los cometidos. Una impunidad casi total.
Si quienes el año pasado se sintieron agraviados por las instituciones fueron 10 mil 118 (muchas quejas incluyen a más de una víctima) y las recomendaciones sólo 10, refleja que los resultados de la CODHEM fueron muy pobres respecto del número de quejas, pero la situación fue mucho más grave, por las violaciones a los derechos humanos no denunciados y las instituciones presuntamente culpables.
GRAVE QUE INSTITUCIONES VIOLEN D. HUMANOS
La otra vertiente que debe preocupar a todos, comenzando por los diputados, es que las autoridades más señaladas como presuntas violadoras de los derechos humanos de los mexiquenses son las encargadas de procurar y administrar justicia; es decir, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Tribunal Superior de Justicia, además de los ayuntamientos, el sistema carcelario, el sector salud y los organismos auxiliares estatales y municipales.
Tampoco resulta alentador la falta de percepción de los diputados sobre la grave situación de los derechos humanos en suelo mexiquense, reflejada por el informe, pues ninguno de los representantes populares mostró preocupación por la gravedad o reclamó acciones para solucionar esta verdadera crisis de derechos humanos en suelo mexiquense.
