*El riesgo de que se relaje y corrompa la corporación es a futuro.
De la redacción
Se sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad en temas de constitucional y también del Poder Judicial, por lo que sus resoluciones no pueden ser atacadas.
Esto es, que no hay en el país otra instancia ante la cual una institución puede apelar un fallo de la Corte, como también se le conoce. Sus sentencias son definitivas y de acatamiento obligatorio.
No respetarla puede ocasionar la destitución de quien cae en desacato y hasta su consignación penal, aunque estas medidas extrema se adoptan generalmente por motivos políticos, de lo que el mejor ejemplo fue el desafuero del ahora presidente cuando despachaba como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Estas consecuencias pueden ser inclusive hasta si el desacato es a una determinación de un juzgado o tribunal unitario o colegiado. Así de contundente es el poder jurisdiccional del Poder Judicial.
En estas condiciones el fallo del pleno de la SCJN, que invalidó, por inconstitucional la transferencia, control operativo y administrativo de la Guarda Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), constituye una decisión delicada para el futuro de la corporación policiaca.
Fueron 8 votos a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de ese traspaso, y 3 en contra; es decir: Se aprobó por el número mínimo de mayoría calificada, pues si un ministro o ministra más hubiera votado en contra del proyecto, se hubiera desechado a la acción de inconstitucionalidad que promovieron interesados.
Los 8 ministros votaron porque esa transferencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la SEDENA violaba el artículo 21 constitucional, que la define como una corporación civil, con mando civil y dependiente de la primera de las secretarías nombrada.
En el debate se llegó a decir inclusive que la transferencia en cuestión constituyó un fraude a la Constitución, por lo que ordenó la readscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de origen. Se precisó el primero de enero de 2024 cmo plazo para el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, pero la resolución no tiene vuelta de hoja.
El tema es delicado, porque se trata de un cuerpo policiaco federal encargado de darle seguridad a los mexicanos y apoyar a policías estatales y municipales en la prevención y combate a los delincuentes, especialmente a los pertenecientes a la delincuencia organizada, además de coordinarse con el Ejército y la Marina para el logro de esos objetivos. Lo resuelto por la SCJN puede ser impecable desde el punto de vista constitucional, pero puede tener efectos socialmente inconvenientes en el mediano y largo plazo, tomando en cuenta que las policías civiles se corrompen con mayor facilidad.
