COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
PRIVATIZADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR
SERVICIOS, PROBLEMA EXTRA PARA QUIEN GANE
En este medio informativo y en otros se han enumerado los numerosos, graves y complejos problemas estatales, pendientes de solución. No obstante, casi no se menciona otro, igualmente serio, por lo oneroso que resulta para el erario y por lo estratégico de su ubicación: el carácter privado de la infraestructura utilizada por el Poder Ejecutivo para prestar los servicios administrativos y de otro tipo a la sociedad mexiquense.
Los sistemas de cómputos, las copiadoras, los vehículos (utilitarios, ejecutivos, pero también de servicios de seguridad y urgencias, incluso aeronaves) y un alto porcentaje de los inmuebles ocupados por oficinas de la administración estatal son particulares y se destinan miles de millones de pesos al año para cubrir los arrendamientos. Cálculos de expertos indican que con la renta anual de cada bien mueble se pudo comprar nuevo y pasar a engrosar el patrimonio gubernamental, pero las autoridades no lo hicieron.
Otra modalidad de saqueo de fondos públicos es el de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ahora denominados Asociación Público-Privada, que se aprueban para construir y operar hospitales, dar mantenimiento y conservación a carreteras, un Centro Cultural y vialidades, tareas cobradas con excesivos sobre precios y con frecuencia no ejecutadas o no ejecutadas cabalmente, por lo que las acaban haciendo las autoridades, pero pagan como si las empresas cumplieran.
Tan sólo por el mantenimiento y conservación de las carreteras del sur deberá pagar más de 15 mil millones de pesos. Y la privatización llegó a tanto que hasta el Centro Cultural que funciona en Texcoco fue construido por particulares, que cobran una altísima renta anual.
En estas condiciones, gane quien gane la gubernatura, el 16 de septiembre se encontrará con onerosos contratos por renta de equipo y bienes muebles e inmuebles y tendrá pocos márgenes de maniobra. Las opciones serán dos, y ninguna es favorable a los intereses institucionales.
La primera será mantener el saqueo de los fondos públicos, amparado en contratos gravosos para el erario y ventajosísimos para las empresas particulares arrendadoras, generalmente de amigos, familiares o aliados políticos de los poderosos; es decir, dejar que las cosas sigan como están.
Como la segunda está la de cancelar los contratos o dejar que se venzan, para comprar todo nuevo e instalarlo antes de que los dueños de esos sistemas de cómputo, copiadoras, impresoras, vehículos y otros bienes los retiren, a pesar de que por las altas rentas de años ya fueron pagados varias veces.
Aparte de lo gravoso que resulta el arrendamiento de esta infraestructura para servicios administrativos y de otra índole, si no hay prevención, la gobernadora quedará convertida en rehén de esos arrendadores, porque o sigue pagando mucho por algo cuyo costo ya se cubrió varias veces con fondos públicos, o sencillamente se paraliza la administración pública, porque, por ejemplo, no podría funcionar sin los sistemas de cómputo.
Se trata de temas aparentemente sencillos, pero que representa una gran complejidad, por lo estratégico que son esos servicios rentados, que nunca debieron privatizarse, pues sin ellos no pueden operar las instituciones. Como no se trata de un problema visible y de alto impacto, nadie repara en su existencia, pero le estallará en las manos a la próxima gobernadora.
