*Sin denuncias de la población, Sonora tenía 20% de abasto en el anterior gobierno.
De la redacción
Los 11 estados que firmaron convenios de devolución al gobierno federal de los servicios médicos de la población abierta prácticamente llegaron ya al ciento por ciento de abasto de medicina.
En este tema había un enorme rezago, sin que nadie organizara manifestaciones para denunciar el desabasto y mucho menos los medios informativos, que jamás hicieron reportajes sobre el problema, como ocurre ahora.
De acuerdo con información de Zoé Robledo, director general del IMSS y responsable del plan IMSS-Bienestar, al inicio de este gobierno federal había entidades federativas con muy bajo abasto de medicamentos, lo cual se está resolviendo ahora con el manejo directo de la federación de los sistemas de salud destinados a atender a la población fuera del régimen de seguridad social.
Entre las 11 entidades federativas que ya devolvieron sus sistemas de salud para la población abierta destacaba Sonora, por el bajo índice de abasto de fármacos, además de que, como todos, cobraba las consultas.
Cuando asumió la gubernatura Alfonso Durazo en los almacenas del sistema de salud estatal tenían una existencia de sólo el 20 por ciento de las medicinas. En la actualidad es del 98 por ciento; Baja California Sur pasó del 65 al 99; Nayarit, del 35 al 96; Colima, del 45 al 97; y Sinaloa, del 39 al 96 por ciento de abasto.
Los servicios estatales de salud a la población que no está amparada por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE o sus similares que atienden a los servidores públicos estatales, municipales, de organismos autónomos y auxiliares, los administraba directamente el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), ahora Secretaría de Salud (SS).
Hace unas décadas la administración fue transferida a los estados, cuyos gobernantes se convirtieron legalmente en autoridades de salud en cada entidad, pero la operación y el funcionamiento administrativo siguió siendo financiado por la federación y ejercidos por los estados.
La aparición de la pandemia de Covid-19 puso al descubierto la ruinosa situación de los servicios en cuestión. Las autoridades incurrieron en actos de corrupción, de lo que la mejor prueba fue el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) en el sexenio de Eruviel Ávila Villegas.
Como aquí, los institutos de salud fueron saqueados y llegaron al extremo de no pagar las cuotas aportadas por el personal al ISSSTE, ni entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el impuesto sobre la renta (ISR) que descontaba a los empleados del sector salud.
