*De 168 mil concesiones existentes, apenas 4 mil 106 están en orden.
De la redacción
Uno de los primeros y ambiciosos programas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez significó un sacrificio fiscal por aproximadamente 7 mil millones de pesos, para regularizar el transporte público de pasajero, abrumadoramente en la irregularidad y hasta ilegales.
Dirigentes del gremio firmaron un acuerdo marco, cuyo lema fue el de “Regularizarte no cuesta nada”. Los representantes de los transportistas se comprometieron a aprovechar el subsidio y poner en orden sus concesiones.
La reunión se efectuó en los primeros días de enero de este año, en el Patio Principal de la sede del Poder Ejecutivo, y la encabezó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ante quién los representantes de los transportistas se comprometieron a regularizar sus unidades y efectuar un esfuerzo para renovar el parque vehicular.
No obstante, los concesionarios o permisionario no han cumplido su palabra hasta ahora, puesto que el programa prácticamente no ha caminado, de acuerdo con la información estadística difundida en el Poder Legislativo mexiquense.
De 168 mil concesiones existentes, apenas 4 mil 106 tienen su documentación en orden; es decir, apenas poco más del 2.5 del total, por lo que no han aprovechado el subsidio de 7 mil millones de pesos a su disposición.
Un estudio sobre el tema ubicó el problema en dos planos: el de los vehículos del transporte público urbano de pasajeros con algunas irregularidades, pero que formalmente tienen concesiones.
El otro grave problema porque tiene muchas implicaciones es el de quienes nunca han tenido concesiones y operaba u operan como “tolerados” y que suman cientos de miles en todo el territorio estatal.
Lo de tolerado” es un eufemismo, porque estas unidades dedicadas al trasporte de pasajeros no estaban regularizadas, pero pagaban a las autoridades millones de pesos, en una especie de extorsión que enriqueció a dirigentes del transporte ilegal y a funcionarios corruptos.
Este problema es más grave por lo que representa en términos de aportación a la inseguridad pública, dado que al no tener una autorización oficial para operar, tampoco sus operadores estaban en un padrón.
La ilegalidad en el transporte público es grave, porque los vehículos que prestan el servicio sin concesión suman centenares de miles, a los que se agregan los más de 155 mil concesionados que tienen irregularidades, recibida como herencia por el nuevo gobierno.
