*La obstrucción a la justicia es un delito.
De la redacción
En los medios informativos se discute la suspensión de actividades de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial Federal es legal o ilegal y consecuentemente, delito, dado su impacto negativo en la impartición de la justicia.
Hay quienes lo consideran una huelga, pero expertos en derecho laboral sostienen que no reúne los elementos jurídicos para ser una huelga, dado que ésta figura siempre es contra un patrón, y en este caso no tiene ese componente.
Además, las huelgas siguen un procedimiento que incluye plazo a los empleadores y son válidas o legales cuando son por incumplimiento de las obligaciones de los patrones a la legislación del trabajo o por violar condiciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo.
Ninguna de estas condiciones concurren en este caso. Adicionalmente, las huelgas legales tienen como objetivo afectar los intereses económicos de la parte patronal, para obligarlos a atender los reclamos de los trabajadores, lo cual tampoco está presente en los paros de los juzgadores y los empleados del Poder Judicial de la Federación.
Los trabajadores de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y, por extensión, los de estos poderes de las entidades federativas tienen empleadores, mientras en los casos de jueces y magistrados no se está en estos supuestos.
En el caso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el paro no está dirigido a presionar a la cúpula de la institución, sino contra la representación popular del país, con la intención de obligar a diputados federales y senadores a desechar la iniciativa de reforma constitucional multicitada.
Como cualquier persona medianamente informada lo sabe, el Poder Judicial de la Federación es el único de los tres que integran el gobierno federal que no es producto de la voluntad popular y la reforma en cuestión busca que también jueces, magistrados y ministros sean electos por los votantes, para que tengan compromisos con los electores.
Se aduce que ahora jueces, magistrados y ministros privilegian los intereses de la minoría enriquecida con la corrupción y beneficiada con la privatización de bienes públicos, el perdón fiscal, los contratos para proveer de bienes y servicios, contratos de obras públicas y concesiones al poder público como mecanismo de saqueo al erario.
