*El 70 por ciento de observaciones por anomalías en gastos, a ayuntamientos.
GABRIEL L. VILLALTA
En el segundo año del actual trienio, los gobiernos municipales siguieron incurriendo en anomalías en la documentación relacionada con los fondos ejercidos. Por ello el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) les presentó numerosas observaciones.
De acuerdo con un análisis de “El Espectador” a la información estadística básica del Informe de Resultados a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, a pesar de que el presupuesto global de los gobiernos municipales representó sólo el 28 por ciento del gasto del gobierno estatal, concentró el 70 por ciento de todas las observaciones al ejercicio presupuestal del Estado y ayutamientos.
El OSFEM presentó su informe a la Comisión legislativa encargada de vigilar su desempeño, en el cual asentó que en el territorio mexiquense el año pasado los fondos públicos estatales y municipales ejercidos sumaron 469 mil 267 millones de pesos, en números redondos.
De ese gran total los poderes estatales aplicaron 364 mil 206 millones de pesos, mientras que las autoridades municipales y sus organismos auxiliares hicieron lo propio con 105 mil 64 millones de pesos.
Los 125 presupuestos municipales representaron el 28 por ciento del monto general gastado, pero las observaciones fueron exageradamente muchas, comparando ambas cifras erogadas.
De las 2 mil 916 observaciones correspondientes a las cuentas públicas estatal y municipales del año en estudio, al gobierno de la entidad le correspondieron 884 y a los municipios, 2 mil 32.
La disparidad en montos presupuestales estatales y de los ayuntamientos es notable, como lo es el alto porcentaje de las observaciones a quienes ejercieron el equivalente al 28 por ciento del presupuesto del gobierno estatal.
No se necesitan grandes conocimientos en auditorías y fiscalización para inferir que esta situación refleja la persistencia del viejo problema de la improvisación y desconocimientos en los ayuntamientos hasta para requisitar debidamente sus erogaciones; sobre todo, en los pagos a proveedores de bienes y servicios y a contratistas de obras públicas.
Lo más notorio es que las cuentas municipales en revisión corresponden al segundo de los tres años del trienio, y en muchos casos los encargados del ejercicio presupuestal llevaban ya 5 años en esas responsabilidades, porque varias alcaldesas y alcaldes se reeligieron.
Estas observaciones indican serios problemas de las áreas administrativas, especialmente de las que se encargan directamente de liberar los pagos y documentar las erogaciones.
