*Diputados aprobaron la reforma legal para ello y ya sabían lo que ocurriría.
GABRIEL L. VILLALTA.
(Tercera y última parte)
Apenas seis años después de entrar en vigor la reforma al sistema pensionario y su privatización en julio de 1997, impulsada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la Cámara de Diputados Federal preveía ya su fracaso y que en el futuro habría necesidad de un rescate por parte del gobierno, con fondos públicos, como ocurrirá.
Por conducto de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), la Cámara Baja del Congreso de la Unión examinó a fondo el impacto de la reforma a la Ley del IMSS de diciembre de 1995, en vigor desde 1997.
Zedillo Ponce de León destruyó el futuro de las cerca de 23 millones de familias asalariadas, número que crecerá año con año, y para esa traición contó con el apoyo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, porque conocían las consecuencias, según análisis de “El Espectador” a la información del CEFP.
El Centro percibió los problemas actuales, en contra de los intereses, futuro y supervivencia económica de los jubilados, cuyos efectos desastrosos se sentirán en el 2027, pero no recomendó revertirla ni modificarla. Los diputados federales de entonces fueron totalmente indiferentes. No les importó que los trabajadores fueran a recibir como pensiones apenas el 27 por ciento de su último salario.
Lo del bajo porcentaje de las pensiones respecto del último salario se basó en cálculos actuariales, los cuales concluyeron que quienes en 2003 ganaban el salario mínimo (mil cien pesos mensuales entonces), después de 25 años de aportar una parte de sus ingresos a las Administradoras de Fondos para el retiro (AFORES) habrían ahorrado 75 mil 900 pesos, y de ese ahorro recibirían sus pensiones.
El análisis cuantitativo del CEFP arrojó que con el nuevo sistema pensionario administrado por empresas privadas, el trabajador de paga mínima legal en 2003 al jubilarse un cuarto de siglo después recibiría una pensión inferior a los 300 pesos mensuales, a precios constantes de ese año; es decir, lo que esos trecientos pesos representaban en términos de poder adquisitivo hace 21 años. Pero no previeron el impacto de los aumentos importantes que se darían de entre 2019 y 2024
No obstante, la Cámara de Diputados Federal adelantó en el 2003 que el gobierno tendría que acudir en apoyo, rescate, de los trabajadores jubilados y pensionados, y que aportaría fondos públicos para que los jubilados con el salario mínimo recibieran al menos ese nivel de ingresos como pensión, pues no podía fijarse un monto inferior: sería anticonstitucional.
El gran debate actual olvida la raíz del problema: la criminal decisión de Zedillo, respaldada por los “representantes populares”; es decir, diputados y senadores. Se ignora deliberadamente el origen del fracaso de la privatización del sistema de pensiones y quiere arraigarse la idea de que la situación comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no de quien era presidente de la República en enero de 1995, cuando se aprobó la reforma que privatizó el sistema de pensiones.
Opositores y medios informativos repiten la fórmula empleada en la polémica sobre el avión presidencial: se culpaba al tabasqueño de no poder vender la superlujosa aeronave, pero nadie criticaba a Felipe Calderón Hinojosa, por haberla comprado con un derroche de fondos públicos; ni a Enrique Peña Nieto, por haberla usado. Ahora tampoco tocan a Zedillo, ni a quienes no se opusieron al atraco contra las condiciones de vida de los futuros jubilados: representantes populares en el Congreso de la Unión y los dirigentes sindicales.
