COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ALERTAN PERIODISTAS MEXIQUENSES SOBRE RIESGO
DE IMPUNIDAD EN HOMICIDIO DE ENRIQUE GARCÍA
Periodistas mexiquenses y especialmente del Valle de Toluca, alertaron del riesgo de que el homicidio de su colega Enrique García García quede impune, pues los culpables, Joseph Argenis Arreola Molina y Kimberly Méndez González, quienes había sido condenados a 47 años por el cobarde asesinato de un periodista indefenso, mediante un amparo lograron que la sentencia condenatoria se redujera a 43 años y 9 meses, pero después consiguieron que se anulara la sentencia y se repusiera el proceso penal.
El problema que irrita a los periodistas mexiquenses consiste en que la justicia parece inclinarse hacía los asesinos, puesto que el ministerio público acreditó plenamente la responsabilidad penal de los sentenciados y por eso el juzgador le dictó una sentencia de 47 años de cárcel.
Recurrieron al amparo, pero sólo lograron la reducción de la pena, no su libertad, lo cual constituye una segunda prueba de que no hay dudas de su culpabilidad, ni de su peligrosidad criminal, pues asesinaron al periodista Enrique García García para robarle su vehículo y se ensañaron en el acto homicida; es decir, se trata de delincuentes peligrosos y desalmados, que si la víctima no hubiese sido informador profesional y sus colegas no se hubieran movilizado y demandado justicia, no habrían sido capturados, procesados y condenados.
La muerte de García García ocurrió el 16 de junio del 2021, y el gremio periodístico efectuó marchas y mitines frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y ante Palacio de Gobierno, por ello se logró identificar y aprehender a los homicidas. Su culpabilidad fue acreditada plenamente y por eso recibieron sentencia condenatoria. El juzgado de distrito en materia de amparos, a su vez, confirmó la condena, y sólo disminuyó los 47 años de cárcel a 43 años y 9 meses.
Ahora comenzará de nuevo el proceso penal, y por los antecedentes mencionados, los periodistas del Estado de México muestran preocupación y la posibilidad de que sean exonerados en la segunda sentencia genera irritación, porque las autoridades judiciales parecen estar privilegiando los derechos de los asesinos sobre los de la víctima, sus familias y la sociedad, como ocurriría si al finalizar el nuevo proceso los benefician con una sentencia absolutoria.
Los periodistas están exigiendo se haga justicia a Enrique García y a su familia y que el homicidio no quede impune, como queda un alto porcentaje de los delitos denunciados. Para ayer estaba anunciada la primera audiencia del proceso repuesto, por lo que se supone que no pasará mucho tiempo para que se conozca la resolución del juez de la causa.
INVESTIGAR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
El gremio de los transportistas es poderoso política y económicamente. Está acostumbrado a violar las leyes de tránsito, a que le perdonen las infraccones y hasta operar sin concesiones o con concesiones vencidas. El actual gobierno les aprobó un programa de regularización sin costo alguno, por lo que dejarán de ingresar a las arcas más de 7 mil millones de pesos. No obstante, su prepotencia los condujo a no aprovechar estos beneficios
Es decir, aun sin pago alguno no se regularizan y tampoco aprovecharon las prórrogas para acogerse a este programa, en una absoluta muestra de falta de respeto por las leyes y el estado de derecho. Un alto porcentaje continúa en la irregularidad por soberbia, pues no pueden aducir carencia económica para regularizarse, puesto que no pagarán por ello.
En el bloqueo de carreteras efectuado el lunes, denunciaron actos de corrupción de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), lo cual debe investigarse a fondo y esclarecer si tienen razón en sus acusaciones públicas o no, pues con todo y no respetar la ley, las autoridades no pueden extorsionarlos. Tal vez no tengan bases sus denuncias, pero la FGJEM y la Secretaría de la Contraloría deben dejar bien clara la situación; es decir, si hay actos de corrupción, debe castigarse a los culpables, y si los señalamientos no tienen fundamento, también deben informarlo a la sociedad.
