FALTA PLAN ESTATAL PARA LA
EVITAR RENTA DE VEHÍCULOS
ESTA FORMA DE SAQUEO EN FAVOR DE AMIGOS
FUE IMPUESTA POR GOBIERNOS NEOLIBERALES
Como si recibieran asesoría financiera de quienes quebraron al Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios (ISSEMYM), el gobierno estatal y las comunas de los municipios más poblados renunciaron a contar con vehículos propios para los servicios esenciales como el de seguridad pública, de limpia y de salud.
Al más puro estilo y comportamiento de los gobiernos neoliberales, optaron por rentarlos con altos costos, como si la obligación de prestar estos servicios que justifican la existencia de los gobiernos, fuera transitoria y en un corto tiempo podrían dejar de otorgarse a los gobernados.
La renta de unidades automotoras para los servicios públicos fundamentales se convirtió en una recurrente modalidad para el saqueo del erario por parte de compañías privadas, en contra del interés general, por lo oneroso que resulta para las finanzas públicas.
Una prueba de ello lo constituye los contratos de renta de unidades automotores firmados por el Poder Ejecutivo mexiquense con empresas particulares. El monto por los alquileres de 2 mil 600 vehículos superará los 3 mil 250 millones de pesos durante 4 años.
Los pagos proporcionales serán de aquí al 2028, con la particularidad adversa para los intereses sociales de que al término de los contratos las unidades regresarán a sus dueños, después de ser pagadas unas tres veces. La autoridad podrán adquirirlas, pero serán coches y camionetas viejos, de mucho recorrido.
Por una ambulancia, como lo ejemplifica la nota principal de portada de “El Espectador”, la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo pagará en ese período 6 millones 910 mil pesos de renta, en un excesivo monto. Además, el monto presupuestal citado ya no tendrá que autorizarse cada año por el Poder Legislativo, porque se trata de una erogación multianual.
En el caso de las cuatrimotos que utilizarán los elementos de la Policía Estatal, en los 48 meses el alquiler de cada una alcanzará la suma 943 mil; es decir, se pagará más por la renta de cada vehículo que por el sueldo del uniformado que la conducirá en tareas de vigilancia.
Como medios informativos con obligaciones ineludibles para con sus lectores y visitas digitales, “El Espectador” y “La Noticiería” no pueden dejar de señalar esta perniciosa política de renta de vehículos automotores para los servicios públicos por parte de las autoridades estatales y de los ayuntamientos de municipios de alta población, porque evidentemente son desventajosos para los intereses de los gobernados.
En el colmo del absurdo, este gasto se reduciría mucho si los vehículos se adquirieran mediante financiamiento de los bancos -que no son almas caritativas-, dado que en 4 años habría cubierto el gobierno estatal mucho menos del monto que pagará y las unidades serían propias. Por ello hace falta que se diseñe y ejecute un plan de compra de unidades para antes de que terminen los contratos de alquiler, como lo sugiere el sentido común y lo exige la conveniencia de las finanzas públicas y de la sociedad. De mientras, será otro golpe neoliberal de cuatro años al bolsillo estatal.
