*La propuesta de la gobernadora Delfina Gómez no parece tomar en cuenta los grandes agravios que sufren los mexiquenses a manos de la delincuencia.
De la redacción
Diputadas y diputados locales, encabezados por Emma Laura Álvarez Villavicencio, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, consideraron que sería un mal mensaje a la sociedad si se reducen las penas de cárcel dictadas a culpables de perpetrar delitos graves.
El Congreso mexiquense estudia una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México para disminuir las penas de prisión en varios delitos, pero generaron reacciones los de feminicidio, en el cual la entidad ocupa el primer lugar en el país; el de extorsión, cuya abundancia le da al Estado también el primer lugar nacional; y a las muertes violentas intencionales, aun las que se cometen con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, cuya pena mínima propuesta es de 25 años.
En estos momentos el Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en homicidios dolosos, sólo por debajo de Guanajuato. Entre el viernes, sábado y domingo pasados se cometieron 18 de estos ilícitos; es decir un promedio de seis diarios, como ocurre desde antes que asumiera la gubernatura la maestra Delfina Gómez Álvarez. La propuesta de la mandataria incluye la supresión de las sentencias condenatorias de prisión vitalicia, y dejarla en 70 años de privación de la libertad.
Funcionarios del gobierno estatal, quienes se reunieron con diputados de la Comisión de procuración y Administración de Justicia, argumentaron que los cambios con la reducción de penas busca generar condiciones para la readaptación social de los delincuentes, y que se está tomando en cuenta la actual realidad del Estado.
Sin embargo, no toman en cuenta o ignoran que, precisamente, el universo delictivo mexiquense se caracteriza por un aumento de los delitos graves, con la agravante de que autoridades policíacas protegen a la delincuencia, como se comprobó con la captura de mandos de los cuerpos de seguridad de varios municipios, y de una alcaldesa, una ex alcaldesa y un alcalde electo que no pudo asumir el cargo, por sus vínculos con un grupo criminal.
Álvarez Vicencio advirtió que reducir penas de delitos graves constituiría un mensaje que podría ser mal interpretado por la sociedad; sobre todo, por las familias víctimas de delitos graves, las cuales no se consuelan con la prisión de los asesinos, pero no verían bien la reducción de las penas de cárcel para os culpables.
Desde esta perspectiva, consideró que la iniciativa requiere un análisis profundo, en lo cual coincidieron la diputada local del PT, Ana Yurixi Leyva Piñón y representantes populares de Morena. La iniciativa no ha sido dictaminada, por lo que por ahora no puede ser presentada al pleno, pero también en la sociedad generó desconcierto, dado que, según una breve encuesta de este medio informativo, los criminales que cometen delitos graves no se readaptan socialmente, y ya sueltos vuelven a delinquir y a elevar los índices de inseguridad pública.
PREOCUPA LA RETROACTIVIDAD DE LA PROPUESTA
Otro aspecto pobremente analizado en la propuesta es el beneficio que esta medida traería para criminales ya juzgados y con penas mayores a las establecidas, quienes podrían solicitar la reducción de sus condenas y salir libres antes del plazo contemplado originalmente, pues la ley sí es retroactiva en estos casos. Se trata de un aspecto más que desconcierta a la sociedad.
