COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
SERÁ NECESARIO REFORMA CONSTITUCIONAL PARA
PERFECCIONAR LA LUCHA POR CARGOS JUDICIALES
Nadie honesto podrá negar la trascendencia histórica de la elección de titulares de juzgados, magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado de México. Tan sólo por tratarse de la primera en la historia, todos los ciudadanos deberíamos acudir a las urnas el primer domingo de junio próximo.
Con todo, una vez renovada una parte de los integrantes del Poder Judicial mexiquense, será necesario legislar para mejorar el marco jurídico electoral específico, porque presenta aspectos perfectibles, que en esta ocasión dejaron fuera a muchos grandes juristas, quienes decidieron no solicitar su inscripción por los obstáculos que, de antemano, supieron que no podían cubrir.
Una de estas inconveniencias fue el monto de dinero que pueden gastar en sus campañas las candidatas y los candidatos a presidir el Poder Judicial de la entidad mexiquense, más conocido como Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de México, que imparte justicia a la mayor población del país.
La suma autorizada es de un millón 600 mil pesos, con la desventaja adicional de que debe salir de los ahorros de quienes se interesan en ser cabeza de uno de los tres poderes del Estado. Es mucho dinero, que pocos profesionales del derecho tienen ahorrado. Deben ser muchas y muchos que pudieron ser excelentes titulares de la institución, ni siquiera intentaron competir por el puesto, por falta de dinero.
En esta ocasión las y los aspirantes a la presidente del TSJ no dispusieron de apoyo monetario del gobierno, y aunque en principio pareció bueno, los resultados de la elección específica podrían ser mejores si participaran juristas de primera, pero que no lo hacen por razones económicas.
Debe encontrarse una fórmula que permita a excelentes abogadas y abogados no ricos disponer de apoyo oficial para costear al menos parte de sus campañas; es decir, hacer accesible la participación. Después de todo, erogar fondos públicos sería altamente rentable socialmente si con ello se elige a un extraordinario o extraordinaria cabeza del Poder Judicial.
Para ello sería suficiente con reducir el número de candidatas y candidatos a presidir el TSJ y elevar los requisitos de excelencia jurídica, para descartar a “vivales” que sólo se interesaran en el dinero para sus campañas. No debe olvidarse que se trata de elegir a la cabeza de uno de los tres poderes de la entidad, por lo que no sería un dispendio aportar fondos públicos para sus tareas proselitistas. Así se hace para con las campañas electorales por la gubernatura y los miembros del Poder Legislativo.
No debe olvidarse que también es la primera ocasión en que se reforma la Constitución Local y sus leyes secundarias para elegir juzgadoras y juzgadores.
Por esa misma razón, los diputados y diputadas mexiquenses no podían prever las limitaciones e inconveniencias como las señaladas, pero pueden subsanar esos problemas con cambios legales para cuando se elija la parte faltante de la planta de juzgadoras y juzgadores.
