*Las declaraciones patrimoniales jamás han detectado enriquecimiento de corruptos.
De la redacción
Los servidores públicos mexiquenses, incluidos los de los órganos con autonomía constitucional, tienen todavía lo que resta de este mes de mayo para cumplir con su obligación legal de presentar su declaración patrimonial.
Esta obligación incluye la manifestación de situación del empleado público con el fisco, y en algunos casos, la declaración de conflicto de intereses; es decir, si tienen empresas que contratan con la dependencia, órgano autónomo u organismo auxiliar donde laboran.
No hay información sobre el avance en el cumplimiento de esta obligación para decenas de miles de servidores públicos, pero el plazo para cubrir el trámite es amplio todavía, pues vencerá a las 24 horas del día 31 de este mes.
La omisión del cumplimiento de esta obligación impuesta por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mexiquense tiene consecuencias, pues por lo pronto, por presentar la declaración patrimonial extemporánea se sanciona con multa al servidor público infractor.
Si no cumple definitivamente su deber legal en la materia, puede ser multado con un monto mayor y si persiste la rebeldía puede dar lugar hasta la separación del cargo, y a una revisión de su situación patrimonial.
En el cumplimiento de esta obligación destacan los servidores públicos universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), pues de los cerca de 7 mil 200 que integran la nómina, el año pasado no presentaron en tiempo y forma su declaración patrimonial menos de 80, según informó la titular del Órgano Interno de Control (OIC), María Teresa de Jesús Cruz Camarena.
NO DETECTAN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
La declaración patrimonial o de bienes lleva décadas en el Estado de México y sus objetivos estratégicos son los de inhibir y castigar la corrupción, especialmente el enriquecimiento ilícito.
No obstante, hasta ahora esto último no se ha logrado. Funcionarios públicos municipales y estatales se han enriquecido ostensiblemente, algunos hasta niveles de escándalo, sin que hayan sido detectados por medio de sus declaraciones patrimoniales.
Esa meta, que debe complementarse con la captura, proceso penal, condena y confiscación de los bienes acumulados por medio de la corrupción sigue durmiendo el sueño de los justos.
