*Complicarán la situación legal de Rubén Rocha sus cercanos excolaboradores.
De la redacción
El general de división retirado, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa y posteriormente secretario de Seguridad Pública del mismo estado, no esperó a que se resolviera el proceso de extradición iniciado por la justicia de Estados Unidos. Actuó antes: viajó a territorio del vecino país y se entregó a las autoridades, presumiblemente para ser “testigo colaborador” o “testigo protegido”, con beneficios procesales, si declara y proporciona información comprometedora sobre presuntos delitos graves perpetrados por quien fue su jefe, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Su decisión robustece la hipótesis de los expertos en temas de narcotráfico en el sentido de que el militar retirado con el grado de general de división, la máxima jerarquía en el Ejército, es presunto culpable de los delitos que le atribuye la justicia estadounidense, y busca reducir su posible condena con información que tenga y que proporcionará a Estados Unidos.
Este comportamiento lo pinta como beneficiario de las actividades criminales del “Cartel de Sinaloa” y, lo peor, desleal con su jefe y miedoso, estigmas que le quedarán para toda la vida, porque pudo entregarse a las autoridades mexicanas y declararse culpable, para ser juzgado aquí y evitar la extradición.
Lo mismo se opina de Enrique Díaz Vega, hombre cercanísimo a Rocha Moya, de cuyo gobierno fue secretario de Administración y Finanzas. Este alto exfuncionario, a diferencia de Mérida Sánchez, que no quiso viajar lejos y se entregó en Arizona, a corta distancia de la garita de Nogales, Sonora, él se la puso más fácil a la justicia de Estados Unidos, llegó hasta Nueva York.
Ambos son reclamados por la Corte del Distrito Sur de la urbe de hierro (es tribunal de jurisdicción federal, no local), y el militar retirado ya compareció ante la jueza Sarah Netburn, ante quien lo hará Díaz Vega.
Los dos habrían delinquido en suelo mexicano, y deberían ser juzgados y sancionados por nuestras leyes y tribunales, pero en estos casos, como en otros similares, Estados Unidos se arroga el derecho de darle jurisdicción extraterritorial a sus normas penales y juzgados.
Su entrega voluntaria, cando existe pendiente de resolver la solicitud de extradición presentada al gobierno de México por el de Estados Unidos, no los coloca como inocentes de los cargos que pesan sobre ellos, sino como culpables, que buscan traicionar a los demás con quienes cometieron presuntamente delitos, incluyendo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y al senador de la República, Enrique Inzunza Cázares, y a otros seis personajes muy conocidos en Sinaloa.
