COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
ERA PREVISIBLE LA IRRITACIÓN DEL PODER FÁCTICO
MEDIÁTICO ANTE MEDIDAS PARA FRENAR SUS MENTIRAS
El anuncio de una consulta pública de varios días a todos los sectores de la comunidad nacional para recoger opiniones, sugerencias y propuestas sobre los lineamientos para aplicar la Ley de Telecomunicaciones, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014, luego derogada en el 2017, por inconformidad de los dueños de canales de televisión y estaciones radiodifusoras, en una contra reforma en el mismo sexenio, regresó a la discusión pública. La Suprema Corte de Entonces revocó la contrareforma y la legislación quedó vigente.
Por presiones de los dueños de los medios informativos electrónicos, uno de los cuales aducía que él hizo candidato presidencial y presidente de la República al político mexiquense, no se expidieron los lineamientos para hacer realidad el derecho constitucional de los mexicanos a la información veraz, por lo que la Ley de Telecomunicaciones se convirtió en letra muerta, y la citada garantía constitucional de la población a no ser desinformada también quedó en el papel.
En estas condiciones, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la consulta sobre el tema, para expedir los lineamientos, cuyo objetivo principal es el de concretar el derecho de las audiencias de las televisoras y radiodifusoras a no ser engañadas, generó una campaña de desinformación y condena con el falso argumento de que se trataba de imponer censura, terminar con la libertad de expresión e implantar o profundizar lo que el poder fáctico mediático falsamente define como gobierno autoritaro.
Las propuestas centrales de lo que se consultará consisten en que las empresas deben designar a una persona para que se encargue de la defensa de las audiencias, para que reciba quejas de las personas que se sientan afectadas por mentiras, calumnias y difamaciones difundidas dolosamente en su contra. Deberán analizar y pedir información a las empresas mediáticas sobre lo que se cuestiona, para que le informen, y en caso de tener razón quienes se quejan, adoptar las medidas para que se aclare que lo difundido fue mentira y se reivindique la imagen de quien se inconforme.
Los lineamientos deben obligar a los propietarios de los medios informativos electrónicos a expedir y hacer que sus periodistas respeten un código de ética; es decir, que no mientan intencional y dolosamente y que se aclare cuándo un texto es información y cuándo es opinión, además de explicar a televidentes y radioescucha cuando una información es difundida mediante pago; es decir, que no es noticia, sino publicidad.
Como lo ha explciado el espacio de opinión especializado en medios de “El Espectador”, el poder fáctico mediático dejó de hacer propiamente periodismo y se dedica ahora a desinformar, calumniar, mentir y atacar al gobierno con falsedades, porque se volvieron oposición. Y no por razones ideológicas, en cuyo caso sería respetable su posición, sino por rencor, resentimiento y pérdida de la oportunidad de saquear el erario con diversas modalidades, lo que de habérsele mantenido por los gobiernos morenistas, nada cuestionarían, como nunca condenaron los fraudes electorales, la represión, ni la corrupción de los gobiernos, especialmente de los neoliberales, fenómeno del que se beneficiaron durante 36 años.
En estas condiciones, la reacción virulenta ante el anuncio de que se les obligará a dar derecho de réplica a quienes calumnien y difamen, sean servidores públicos o privados no les conviene, porque ahora se dedican a mentir permanentemente, y recurren a desinformar sobre los objetivos y alcances de los lineamientos en cuestión, aduciendo atentado a la libertad de expresión, como si este derecho fundamental en nuestro sistema democrático fuera patente paa mentir, afectar con calumnias a personas e instituciones, lo que hacen todos los días.
Lo peor es que no lo hacen por error humano, una información o denuncia falsa que les hagan llegar, sino con dolo para debilitar al gobierno y a su partido, pero también a personas ajenas al servicio públicos, en una clara violación al derecho constitucional del pueblo mexicano a estar bien y oportunamente informado con veracidad. Quienes informan y analizan a partir de acontecimientos reales no tendrán problemas con los lineamientos y los que se escandalizan deben protegerse con el recurso fácil de no mentir, ni calumnia deliberadamente.
