*En la Ciudad de México denunciaron que jueces del TSJ legalizan despojos.
De la redacción
La lucha de víctimas de despojo de inmuebles en Ciudad de México sacó a relucir la participación de jueces del Poder Judicial mexiquense con las redes criminales dedicadas a este delito, en la modalidad de uso de documentos falsos, validados por esos impartidores de justicia.
Un caso, el de Alberto Sorkín, fue ilustrador: un juzgador y una notaría de Tlalnepantla certificaron como auténticos documentos falsos, con los cuales una banda organizada le arrebató una mansión con un valor de 60 millones de pesos.
“El Espectador” y “La Noticiería” difundieron en su momento los casos de un magistrado participante de actos de corrupción presuntamente ocurridos en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), con involucramiento de un diputado.
De la misma forma se dio a conocer, en su oportunidad, la denuncia contra otro magistrado, quien torció la ley para despojar de un predio a una familia del norte del Estado y entregarlo a su suegra.
Sergio Castillo Miranda, uno de los magistrados con más años de servicio en el Tribunal Superior de Justicia (TDJ) mexiquense, su vez, denunció la persistencia de la corrupción, el enorme rezago acumulado en juzgados y tribunales y el exceso de población carcelaria, problemas que deberían estar resueltos a diez años de fijarse como objetivos estratégicos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Cuando se denunció la participación de un magistrado y un legislador en presuntos actos de corrupción en el DIFEM, “El Espectador” pidió la opinión del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, quien en lugar de mostrar preocupación y anunciar una investigación a fondo y castigo, en caso de haberse violado la ley, se irritó y se mostró prepotente y agresivo, sí, pero con el reportero.
Después de eso ocurrieron las otras denuncias, incluyendo los fuertes señalamientos del magistrado Castillo Miranda y las denuncias públicas de los afectados por despojos en la capital del país contra jueces y notarios mexiquenses, pero Macedo García mantiene su silencio y se ignora si ordenó investigar las denuncias.
No muestra un compromiso público contra cualquier modalidad de corrupción, ni de investigar el fenómeno en la institución que encabeza, y se desconoce si le preocupan o no los señalamientos públicos. Menos, si está realizando esfuerzos para erradicar el problema.
El presidente del Tribunal Superior de Justica, como se le conoce también al Poder Judicial del Estado de México, inició su carrera en la institución desde los eslabones más modestos y fue ascendiendo, y conoce los vicios y fortalezas de la misma, incluyendo el cáncer que para la sociedad representa en todas partes la corrupción, y más cuando se presenta en quienes hacen, o dicen hacer, justicia para las y los agraviados de delitos. No obstante, se ignora si lo está combatiendo.
