*De todos modos, deben solventar las observaciones formuladas a su omisión.
De la redacción
El personal académico y administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es de entre todas las instituciones públicas de la entidad el más responsable en cumplimiento de la obligación de presentar cada año su declaración patrimonial.
Este año, de las 7 mil 106 personas al servicio de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, sólo 16 incumplieron con esta obligación. El personal que presentó en tiempo y forma representó el 99.77 por ciento del total.
Desde que se creó el Órgano Interno de Control (OIC) en el 2021, se amplió el universo del personal obligado a presentar su declaración patrimonial y, en muchos casos, la de conflicto de interés y situación fiscal y se construyó una cultura del cumplimiento.
El OIC no es un órgano dependiente de las autoridades universitarias, sino uno instituido por y que rinde cuentas al Poder Legislativo del Estado de México, por lo cual tiene libertad absoluta para cumplir con sus facultades.
La titular del Órgano Interno de Control, María Teresa de Jesús Cruz Camarena, explicó que aun cuando se trató del mayor cumplimento de esta obligación en seis años, de todos modos los 16 omisos deberán solventar las observaciones realizadas.
Presentar en forma extemporánea la declaración patrimonial anual y por evolución del patrimonio se sanciona si los omisos no solventan las observaciones, pues a nadie se deja sin la aplicación de lo establecido en la legislación.
Recordó que se arraigó ya una cultura del cumplimiento de esta obligación y este año se registró el menor número de omisos. El mayor número (123) se registró en el 2021, primer año de establecida esta obligación, y se explica por razones relacionadas con la pandemia de Covid-19.
A partir de entonces la omisión observó una tendencia descendente: 89 en el 2022; 32 en el 2023; 24 en el 2024, con la excepción del 2025, cuando se elevó a 78, como consecuencia de las dificultades que se presentaron para cumplir por la huelga estudiantil, explicó la titular del OIC.
No obstante, concretar el objetivo de la declaración patrimonial, de conflictos de interés y situación fiscal no fue sencillo, pues hubo académicos, especialmente de la Facultad de Derecho, que consideraban inconstitucional que se les considerara servidores públicos.
Combatieron ese deber y llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo tribunal constitucional del país, quien falló en el sentido de que quien trabaja en una institución pública es servidor público, sujeto a todas las obligaciones jurídicas como tales.
