*Además cobraba 32% más sobre los precios que rigen en el mercado.
De la redacción
La afectación de intereses económicos ilegítimos de empresas del ramo de la producción, venta y distribución de medicamentos del sector público de salud, está entre las causas de la campaña mediática en contra del sector público de salud.
Funcionarios de las áreas que brindan atención médica a los trabajadores de la iniciativa privada y del gobierno federal, dieron a conocer que en los últimos tiempos se desató una campaña de desprestigio contra los servicios médicos.
La exclusión de empresas intermediarias en la compra de medicamentos del sector público y su distribución a clínicas y hospitales públicos, porque cobraban mucho y no cumplían las condiciones de los contratos, dio lugar a una rabiosa campaña mediática en la que falsamente se difunde que el sector de salud público está en crisis.
Funcionarios del sector público de salud dieron a conocer que dejó de comprarse a intermediarios, y se optó por adquirir, vía concursos y subastas inversas directamente a los fabricantes de los fármacos, lo que irritó a quienes vendían por encima de los precios del mercado.
Muchas de estas empresas que saquearon al erario, son dueñas de cadenas nacionales de televisión, y fueron excluidas porque no podían competir en los nuevos esquemas de compra de fármacos, y ello explicaría las campañas contra el sector salud.
El problema consiste en que no fabrican las medicinas sino que, durante los gobiernos neoliberales (1982-2018), fueron intermediarios y encarecieron los medicamentos hasta tres veces de los precios que rigen en el mercado.
Era un inmenso de saqueo de fondos públicos, que incluía los de gobiernos estatales, y comenzó a erradicarse desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que convirtió a empresas que participaban en este negocio leonino para el poder público, en opositoras y críticas sistemáticas de todo cuanto hacían las autoridades federales.
El combate a estas modalidades de saqueo de fondos públicos y enriquecimiento desmesurado de políticos y propietarios de grandes medios informativos impresos y electrónicos es la arzón de que ahora se difunda que los servicios médicos públicos están peores que nunca.
EL CASO DEL ESTADO DE MÉXICO
Una cadena televisora obtuvo un contrato con sobreprecios del gobierno del Estado de México, ya en el sexenio de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, por 872 millones de pesos para distribuir medicamentos a clínicas y hospitales del Instituto de Salud estatal.
No obstante, se atrasaba en la distribución. Llegó a distribuir apenas el 40 por ciento de los fármacos, lo cual ocasionaba desabasto de los mismos, por lo que el contrato fue revisado y ajustado a la baja en casi la tercera parte de su monto.
Esta acción del gobierno federal (el ISEM funcionaba con presupuesto de la federación) desencadenó una virulenta campaña de desprestigio contra el sistema público de salud a escala nacional, recalcaron los funcionarios.
